Emilio Tapia fue trasladado de cárcel mientras estaba contagiado de covid-19
Tapia, procesado por el escándalo entre Centros Poblados y Mintic, fue trasladado en días pasados de La Picota a la Picaleña, en Ibagué.
Noticias RCN
04:24 p. m.
Emilio Tapia, actualmente procesado por el escándalo de los $70 mil millones perdidos en un contrato de conectividad entre Centros Poblados y Mintic, fue trasladado recientemente a la cárcel de máxima seguridad La Picaleña de Ibagué, luego de estar recluido en La Picota de Bogotá.
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Dicho traspaso de sede fue ordenado sobre él y otros reclusos de máxima seguridad luego de que se descubrieran las irregulares salidas de Carlos Mattos, bajo la excusa de asistir a exámenes y citas médicas, que se convertían en diligencias de más de tres horas para reunirse con su abogado Iván Cancino en sus oficinas en Bogotá.
Luego de este suceso y del traslado de Mattos a la cárcel de alta seguridad de Cómbita, Boyacá, Tapia fue también reasignado de centro carcelario, diligencia para la cual un par de días antes se le realizó una prueba de coronavirus.
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Sin embargo, después de ser trasladado, se conocieron los resultados de la prueba de Tapia, con la sorpresa de que se encontraba contagiado de covid mientras se llevó a cabo su cambio de cárcel.
A raíz de esto, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) informó sobre el cierre de dos pabellones de la cárcel La Picota, debido a un brote de covid entre los reclusos. Uno de dichos pabellones es el de los extraditables, quienes se encuentran a la espera de un eventual viaje para responder ante la justicia de Estados Unidos.
Caso Emilio Tapia
Emilio Tapia es considerado el cerebro detrás del escándalo de corrupción del contrato del Mintic con la Unión Temporal Centros Poblados, por un valor de $70.000 millones que hasta el día de hoy se encuentran embolatados.
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Según las investigaciones del ente acusador, no todo el dinero habría sido mal invertido, pues se habría realizado la compra de equipos que están instalados en algunos puntos y otros en puertos a la espera de nacionalización.
El ente acusador adelanta una línea de investigación con la que busca probar que se configuró el delito de peculado al utilizar recursos públicos que iban destinados para la conectividad de los niños en zonas apartadas del país, en intereses particulares.