Fiscal Angélica Monsalve: ¿por qué hay una orden de captura desde Venezuela en su contra?

En un documento enviado el pasado 23 de agosto a la Embajada colombiana, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela refirió un oficio emitido el día 3 del mismo mes, en el que se hace referencia a 26 folios que contienen un pronunciamiento fiscal sobre la solicitud de asistencia mutua en materia penal librada frente al expediente en contra de la fiscal Angélica María Monsalve.

La carta del 3 de agosto, firmada por el director de Asuntos Internacionales de Venezuela, Álvaro Cabrera, hace referencia a la presunta comisión de los delitos de prevaricato y fraude procesal por parte de Monsalve, “en agravio de la administración de justicia, el poder judicial, el Estado de Colombia y Wilson Javier Devia Pérez”, este último sindicalista de la UNP imputado por supuesta corrupción.

En un pliego presentado por la Fiscalía Nacional con competencia en materia de cooperación penal internacional, se corroboró que existe una orden de aprehensión vigente en contra de Monsalve, que fue presentada el 25 de abril del 2014 ante el Juzgado 14º de primera instancia en funciones de control del circuito judicial penal del área metropolitana de Caracas.

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¿Por qué existe una orden de captura contra la fiscal Monsalve?

En los documentos presentados por Venezuela se asegura la presunta comisión de los delitos de hurto calificado y estafa, por lo que la fiscalía venezolana habría solicitado su captura.

Además, los folios sostienen que el 4 de julio de 2016 fue publicada una notificación roja de Interpol en contra de la ciudadana, la cual fue solicitada ante el mismo Juzgado 14º de primera instancia.

El fiscal encargado también hizo referencia a una enuncia presentada el 14 de noviembre del 2012 por parte de Hamid Fazel en contra de Monsalve, alegando ser una presunta víctima de los delitos de apropiación indebida calificada, estafa y legitimación de capitales.

Hamid Fazel, presidente de la empresa Tarasazeh Tabriz, habría conocido a Monsalve en febrero del 2012, luego de que su compañía fuera seleccionada por el Estado venezolano para la adjudicación de un contrato con la corporación de Industrias Intermedias de Venezuela.

Según la denuncia, Monsalve fue elegida abogada para negociar las finanzas del convenio, a través de una empresa llamada Zumaseguros.

Fazel aseguró que después de eso inició una relación de amistad con Monsalve y su esposo, por lo que habría decidido solicitar al propietario de una fábrica en Canadá efectuar transferencias de hasta 200.000 dólares a la cuenta de Monsalve.

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En la narración se sostiene que, una vez efectuada la transacción, Fazel se comunicó con Monsalve para hablar de los 204 mil dólares que debían estar en su cuenta, a lo que ella aseguró que el dinero había sido bloqueado por su banco, al igual que 80.000 dólares adicionales que también eran propiedad de Fazel.

Posterior a esto, Monsalve habría pedido prestados 800.000 bolívares a Fazel para pagar una deuda, alegando el bloqueo de su cuenta en dólares. Según el denunciante, ella se negó a regresarle este dinero “alegando que se lo debía y lo denunció por acoso”.

En la denuncia, la fiscalía venezolana sostiene que Monsalve habría impuesto medidas de protección en favor suyo para evitar los cobros de Fazel. Al parecer, la investigación se encuentra en fase preparatoria.

¿Un montaje?

Por su parte, la fiscal Angélica Monsalve ha asegurado que estos señalamientos hacen parte de un montaje en su contra, con el fin de quitarle el caso del ‘carrusel de blindados’ de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Monsalve acusa a la Fiscalía y a Francisco Barbosa de “hurgar en la basura” para engavetar nuevamente el presunto caso de corrupción en la UNP. Esto debido a que fue la fiscal 100 delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, quien requirió la información del expediente en su contra.

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