Pistolas, viajes y fiestas con prostitutas: los “premios” del Ejército por la ejecución de falsos positivos

Durante la primera jornada programada en el marco de la audiencia de reconocimiento en el subcaso de falsos positivos en la Costa Caribe, 12 miembros del batallón La Popa del Ejército Nacional, comparecieron frente a magistrados de la JEP, víctimas ya autoridades de los pueblos kankuama y wiwa, para reconocer su participación en las ejecuciones extrajudiciales ordenadas por la institución.

Uno de los relatos más impactantes fue el del soldado profesional, Yeris Andrés Gómez, quien formó parte del grupo especial Zarpazo y contó detalles de las reuniones, órdenes y operaciones que se ejecutaron al interior del batallón para la ejecución de civiles.

Gómez contó cómo fue que el batallón creó alianzas con los paramilitares a cargo de ‘Jorge 40’, cómo se ejecutó a combatientes heridos y capturados con tiros de gracia, y cómo se simulaban combates para pasar cadáveres que llevaban días tirados como bajas del ELN.

Los soles de los generales Mario Montoya Uribe, el general Justo Eliseo Peña, el general Juan Pablo Rodríguez Barragán y el general Raúl Antonio Rodríguez Arévalo y el coronel Monsalve Hernández, están manchados de sangre, así como mis manos.

El soldado además relató cómo se impartían las órdenes por parte de los altos mandos del Ejército, y cuáles eran los supuestos incentivos entregados a quienes presentaran más “resultados”. Frente a esto, Gómez reveló que cuando asesinó a la primera persona, siguiendo órdenes de sus superiores, el comandante de La Popa le entregó $100.000 y le compró arroz chino a todo el grupo especial. 

Asimismo, el militar se refirió a los resultados exigidos por el expresidente Álvaro Uribe, en el marco de su programa de seguridad democrática, asegurando que las tropas debían presentar “resultados” para obtener beneficios y permisos al interior de la institución.

Hasta el presidente de entonces Uribe Vélez pedía resultados, tropa que no daba resultados no tenía permisos. Y esa era la seguridad democrática, matar a personas inocentes que no tenían nada que ver con el conflicto armado.

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Por otra parte, Gómez contó que entre los “incentivos” ofrecidos a los soldados por presentar bajas, se encontraba viajes a Cartagena y San Andrés, pistolas, fiestas y reuniones con trabajadoras sexuales.

Falsos combates y vínculos con paramilitares

Manuel Valentín Padilla Espitia, exagente de inteligencia externa, contó a al JEP y a las víctimas cómo fue el proceso para levantar las fachadas y evitar que se conociera la relación estrecha entre el batallón y las Autodefensas Unidas de Colombia, quienes asesinaban a civiles que más tarde eran recogidos por el Ejército.

Las AUC dejaban los muertos en determinado sitio en coordinación con el coronel Hernán Mejía Gutiérrez. Cuando llegaba la tropa al lugar determinado, se simulaba un combate, pero esas personas ya habían sido asesinadas por los bandidos. En el lugar no había rastro de sangre, cuando se realizaba el levantamiento de los cadáveres, en la mayoría de los casos, no portaban documentos y eran reportados como N.N.

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Padilla reconoció que servía como informante entre las AUC y el batallón, con el fin de transmitir cuando había una baja o un “positivo” nuevo, que sería presentado como baja en combate. Además, contó cómo eran las comunicaciones entre el coronel Mejía, ‘El Paisa’ y ‘el señor 39’.

Además, el exagente reconoció que nunca hubo un planeamiento de inteligencia para las operaciones, pues “el coronel Mejía manejaba eso a su antojo”, dirigente del batallón que también fue acusado por el exjefe de operaciones, Heber Hernán Gómez Naranjo, por liderar una “estructura criminal” al interior del batallón, y coordinar las supuestas bajas y los sitios en donde se debían presentar en constante comunicación con los jefes paramilitares.

Sobre los 127 asesinatos perpetrados por el Ejército en dos años y medio, Gómez Naranjo expresó que desde el batallón y los altos mandos del Ejército se exigió permanentemente la entrega de resultados, lo que impulsó las ejecuciones extrajudiciales y la formación de alianzas con grupos criminales para lograr los objetivos de la seguridad democrática.

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