Procuraduría inició investigación contra los gerentes del Hospital 7 de Agosto en Plato, por cobros irregulares a una EPS
Los gerentes, a pesar de no tener las facultades, habrían expedido unas resoluciones para beneficiarse con un cobro de cerca de $1.000 millones de pesos.
Noticias RCN
07:20 p. m.
En medio de la difícil situación que está atravesando el sector de la salud en el último tiempo, la Procuraduría General de la Nación, liderada por la procuradora Margarita Cabello, ha asumido el rol de ponerle la lupa a los recursos.
Este 27 de abril, a través del boletín 464 del 2024, la entidad comunicó que le declaró un pliego de cargos a Pier Angelly Velazco Aguilar y Diana Matilde Anaya Rivera, gerentes de la Empresa Social del Estado Hospital Local 7 de Agosto de Plato.
Esto, debido a presuntas irregularidades en el cobro de obligaciones a una EPS.
¿En qué estarían implicados los gerentes del hospital? La Procuraduría lo aclaró
De acuerdo con el material probatorio que ha analizado la Procuraduría, los gerentes habrían expedido unas resoluciones específicas para cobrarle aproximadamente $1.000 millones de pesos a la Entidad Promotora de Salud Comparta EPS-S. Todo esto sin tener facultades legales para hacerlo.
La prueba que priorizó la entidad fue las conclusiones emitidas por la delegada para la Economía y la Hacienda. Ella indicó que los hechos habrían ocurrido entre 2019 y 2022 y que, en el caso de que las resoluciones se hayan expedido, los gerentes habrían incurrido en una extralimitación de sus funciones.
“Tanto Velazco como Anaya, posiblemente, pasaron por alto que los recursos del Sistema General de Participaciones, dentro de los que se encuentran los destinados al régimen de salud, no pueden ser objeto de embargo ni utilizados para otro fin distinto”, agregó la Procuraduría General de la Nación.
¿Qué ha determinado la Procuraduría General de la Nación hasta el momento?
Para la Procuraduría General de la Nación, la conducta de los gerentes es “falta grave cometida a título de culpa gravísima”. Su principal argumento es que los hospitales no tienen ninguna competencia para realizarles cobros coactivos a las EPS, las ERP o la Adres.
Los cobros coactivos son aquellos con los que la administración pública, es decir, las entidades que reciben financiamiento del Estado, realizan sin tener que solicitar la intervención de autoridades judiciales.