Esta podría ser la cifra base del aumento del salario mínimo para el 2023
El próximo viernes 9 de diciembre se presentarán las propuestas oficiales de los gremios para el incremento salarial del 2023.
Noticias RCN
06:36 p. m.
La discusión sobre el aumento del salario mínimo para 2023 continúa avanzando a punto de conocer las propuestas oficiales de los gremios de trabajadores, sindicatos y desde el Gobierno Nacional. Este viernes 9 de noviembre se abrirán las cartas en la mesa de concertación para iniciar formalmente la negociación, con lo que se espera antes de la primera fecha pactada (15 de diciembre) se logre un acuerdo, o si no, las conversaciones se extenderán hasta el próximo 30 de diciembre.
A partir de los datos revelados recientemente por las entidades económicas y financieras, se estableció el que se presume podría ser el piso de la negación y la base mínima del aumento, en caso de consolidarse dicho incremento bajo la norma general de los años anteriores y teniendo en cuenta los aspectos como: inflación (12.53% a noviembre), productividad (1.24%), estimaciones del crecimiento económico para 2023 (0.5%, según el Banco de la República), entre otros.
Partiendo de dichas cifras, el aumento salarial no podría ser inferior a 13.77%, es decir un aumento de $137.000 pesos para el próximo año, con lo que llegaría a $1’137.000 más subsidio de transporte que para el 2023 rondó los $117.000 pesos.
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Sin embargo, desde distintos sectores han hecho un llamado a la prudencia en la cifra pactada para el aumento de la remuneración legal debido al alza que puede generar en la brecha de la informalidad del trabajo e incluso reducir la capacidad de contratación, especialmente de las microempresas.
Aumento de otros precios indexados al salario mínimo
De acuerdo con la ministra de Trabajo, Gloria Inés Martínez, desde la Cartera se está liderando una propuesta con la desvinculación de cerca de 200 productos a este incremento, entre insumos para el sistema agropecuario, productos de consumo diario y algunos servicios de salud y del Estado.
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Lo anterior con la intención de reducir el impacto inflacionario y no generar mayores presiones que consuman rápidamente el incremento del salario mínimo y así poder proteger la capacidad adquisitiva de los hogares, especialmente de las poblaciones más vulnerables.