Video: supuestas presiones de alcaldes para votar por candidatos en La Guajira y Córdoba
Noticias RCN conoció videos que muestran a alcaldes aparentemente ejerciendo presión para votar por determinado candidato en La Guajira y Córdoba.
Noticias RCN
07:36 p. m.
En uno de los videos, que hacen parte de tres memorias USB a las que Noticias RCN accedió, se ve al alcalde de San Juan del Cesar, en La Guajira, Álvaro José Díaz; conversando con una mujer a la que le habría entregado un millón de pesos para, presuntamente, conseguir votos a favor del candidato Camilo Urbina Suárez.
- Alcalde:“Yo me comprometo un año contigo en hacer obras, te vas a lucir ahí, representas a los jóvenes (…) es una cara que cualquiera la ve y dice: es los jóvenes de San Juan.
- Mujer:“Usted me entregó este dinero para apoyar a Urbina en su campaña (…) quiero que usted lo tenga (…) yo agarré 300.000 pesos de aquí”, se escucha en la grabación
Y este no es el único caso. Noticias RCN conoció en primicia que en Córdoba el alcalde del municipio de San Pelayo, Harving Espitia, con un candidato al Concejo y con un candidato a la Alcaldía William Cavadia, al parecer, entregándoles dinero para que consigan apoyos electorales.
“Mira, te entrego 10 de 100 y 50 billetes, pero de resto las cosas están bien (…) y que entre más se busque, más aparece (…) entonces yo le decía ya, que bueno, trabajaría unos 170 – 80 votos para que aparezcan 120-130”.
Lea además: Defensoría advierte posibles irregularidades durante elecciones en Sumapaz
Y una tercera denuncia es un video en el que el candidato a la Alcaldía de Soacha, Julián Sánchez, actual diputado aparentemente utiliza su camioneta oficial para eventos de campaña. Este medio consultó al aspirante, quien aseguró que se trata de un vehículo que usa para su transporte y no hay nada ilegal en los movimientos, sin embargo, la irregularidad es que estaría transportando material electoral que usa para la campaña.
Fiscalía y la Procuraduría toman primeras decisiones por participación en política
Inicialmente la Fiscalía General de la Nación tiene las denuncias en su poder y fue desplegado el equipo especializado en delitos electorales y contra la corrupción al sufragante para determinar la autenticidad de los videos y las personas involucradas.
En ese mismo sentido, como se trata de funcionarios públicos, la Procuraduría está solicitando los oficios correspondientes a cada una de las alcaldías para que se explique cuál es la presunta injerencia en política para determinar si existe o no falta disciplinaria.
Y es que según un informe de la Misión de Observación Electoral (MOE), hay 608 denuncias de participación política de funcionario públicos y la Procuraduría ya ha suspendido a cuatro alcaldes: de El Banco Magdalena, Nechí, en Antioquia; San Pablo, Nariño y Neiva, en Huila.
Vea también: Esto haría el CNE con los votos que reciban candidatos que fueron revocados para las elecciones
La Constitución y el Código penal prohíbe a funcionarios públicos de altos cargos como alcaldes, gobernadores, secretarios de despacho, ministros y al presidente de la República, entre otros, intervenir en política.
El artículo 422 del Código Penal señala que: “El servidor público que ejerza jurisdicción, autoridad civil o política, cargo de dirección administrativa, o se desempeñe en los órganos judicial, electoral, de control, que forme parte de comités, juntas o directorios políticos, o utilice su poder para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato, partido o movimiento político, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público".
Recompensas a quien denuncie compra de votos
El Gobierno anunció que pagará recompensas a quienes denuncien compra de votos. Según dijo el presidente Gustavo Petro en sus redes sociales podrían ser de hasta cinco millones de pesos y los denunciantes deben entregar pruebas.
“Se pagará entre un millón a 5 millones de pesos a quienes denuncien con pruebas a los compradores de votos. Le solicito a la ciudadanía grabar toda actividad irregular que detecte en las campañas y enviárnoslas”, escribió el mandatario colombiano.
Sin embargo, la recompensa variaría. El monto a entregar podría ser hasta el 10% de dinero que se incaute en cada una de las denuncias.