La salud no es una mercancía

El triunfo de Gustavo Petro demostró que en Colombia tenemos una democracia cada vez más fuerte, las elecciones del 22 fueron una expresión de la ciudadanía pidiendo a gritos un cambio estructural. Y aunque muchos políticos tradicionales se subieron al barco ganador, a la hora de la verdad, algunos retroceden y hasta sabotean las propuestas del Gobierno que ayudaron a elegir. En la discusión de la reforma a la salud estamos viendo quién es quién.

A pesar de que por años el presupuesto para la salud ha sido uno de los más grandes: $51,2 billones para el primer año de gobierno de Gustavo Petro y $32.3 billones para el primer año del expresidente Iván Duque. El sistema empeora y continúa ensanchando la brecha de desigualdad en el país. En 2022, la cobertura de salud en los departamentos y municipios fue inferior al 60%.

Solo en el panorama local, Bogotá ocupa el primer lugar en el número de quejas radicadas por mal servicio de las EPS ante la Superintendencia de Salud a nivel nacional, con un 21,7 %. Del total de las quejas, la falta de oportunidad en el agendamiento de cirugías, con un aumento del 199%, y la demora en la entrega de medicamentos, representan la mayor cantidad de reclamaciones. 

Llevamos años lidiando con las falencias del sistema de salud que también representan una carga sobre el sistema judicial; magistrados pronunciándose constantemente para proteger el derecho fundamental a la salud y jueces todos los días resolviendo acciones de tutela. Actualmente el 47% de las tutelas que llegan a la Defensoría del Pueblo están relacionadas con la vulneración al derecho a la salud, es el segundo más vulnerado en Colombia. 

Una de las muchas consecuencias del neoliberalismo rampante de las últimas décadas es que hoy nuestro sistema de protección social es más un negocio que un derecho. Ninguna EPS es producto del altruismo, sino del ánimo de lucro, y mientras sea así el derecho fundamental a la salud no estará garantizado, los derechos en una sociedad no pueden estar mediados por la capacidad económica de los individuos.. 

Hemos visto cómo instituciones prestadoras de servicios de salud son llevadas a la quiebra por no pertenecer a la línea vertical de las EPS; personal de la salud en condiciones laborales indignas, médicos que son cuestionados en su proceder científico por personal administrativo sin idoneidad; y todo, porque el sistema, como fue planteado, prioriza la utilidad económica sobre la salud de las personas. 

No obstante, hay quienes se valen de falacias para engañar a la opinión pública, afirmando que las EPS salvan al país de la corrupción de los políticos y que el manejo de los recursos públicos en manos de privados garantiza el derecho a la salud; el caso de Saludcoop y el número de EPS liquidadas o en procesos de liquidación, evidencian la falsedad de esa tesis, privatizar la corrupción sólo empeora el problema. 

Eliminar al intermediario de la ecuación no le va a restringir el acceso a los servicios de salud a nadie, al contrario, al ser destinados directamente para el funcionamiento del sistema, se optimizan la calidad y la cobertura; además, se evita que los prestadores de servicios de salud, quienes son los que hacen el verdadero trabajo asistencial, entren en quiebra por la falta de pago de las EPS.

Si el proyecto prospera, las personas seguirán siendo atendidas por la red que hoy está prestando el servicio, no habrá una alteración en su esencia, de hecho la reforma reconoce como actores del sistema a los prestadores tanto públicos como privados, que en la actualidad atienden a los pacientes.

Concejal de Bogotá
Twitter: @CarlosCarrilloA