Consecuencias de nacionalizar la industria de hidrocarburos

El pasado 11 de octubre, los congresistas Inti Asprilla y Juan Diego Muñoz, pertenecientes al Partido Alianza Verde, radicaron ante la Secretaría General del Congreso de la República el proyecto de ley 219 de 2022 mediante el cual pretenden que el Estado colombiano sea el único habilitado para explorar y explotar directamente los yacimientos de hidrocarburos. Además, la iniciativa legislativa contempla que en caso de ser aprobada, todos los contratos de concesión moderna (contratos E&P y TEA) que hayan sido celebrados con anterioridad, quedarían incursos en nulidad absoluta. 

Así, el proyecto buscaría cambiar por completo la modalidad de contratación vigente que faculta tanto a empresas nacionales como extranjeras a ejecutar las actividades de exploración y explotación mediante un esquema de concesión en el que el Estado nunca pierde la titularidad de los recursos naturales. Con el proyecto de ley, se propone que estas facultades queden en cabeza exclusiva de la Nación, argumentando que de esta forma, se obtendría la totalidad de las utilidades que actualmente perciben las multinacionales, y solo de esa forma, se podrían destinar dineros a inversión social en las regiones. Sin embargo, deliberadamente los congresistas olvidan mencionar que, con este cambio, la Nación también tendría que hacerse cargo de los riesgos económicos que supone este mercado. Riesgos que al día de hoy son asumidos en su integridad por el sector privado. 

En este mismo sentido, cabe recordarle a los impulsadores de esta propuesta que la Nación ya percibe un beneficio económico por la explotación de hidrocarburos y que es desacertado afirmar que los privados acaparan las utilidades del sector. Esto se debe a que el aprovechamiento de este tipo de recursos causan a favor del Estado una contraprestación a título de regalías que debe dirigirse a proyectos para el desarrollo social, económico y ambientales de todos los municipios del país. Y esta suma no es para nada despreciable. Para el bienio 2021 - 2022, la Nación se benefició de $ 17,3 billones de pesos por concepto de regalías al permitir que empresas, por su cuenta y riesgo, explotaran recursos naturales no renovables. Y es sobre este punto donde debe volcarse el foco de la discusión: el proyecto de ley pretende que a futuro sea el Estado quien, con dineros públicos, asuma por completo los riesgos asociados a las inversiones en las actividades de exploración y explotación. Inversiones que no siempre derivan en la obtención de utilidades. 

Con el sistema actual de contratación, el Estado percibe beneficios económicos sin poner en riesgo el Presupuesto General de la Nación, pues resulta importante aclarar que no todos los campos en los que se prevén reservas, contienen yacimientos que en efecto sean técnica y comercialmente viables. Bajo el esquema que proponen los congresistas, dichos riesgos pasarían a ser asumidos por todos los ciudadanos vía impuestos. Pequeño detalle que han olvidado mencionar.  

Por otro lado, recordemos que la postura del Ministerio de Minas y Energía ha sido determinante en cuanto a no otorgar más licencias de exploración, sin embargo, este proyecto de ley si prevé la ejecución de tal actividad, pero solo en manos del Estado. Resulta acertado mencionar entonces que los legisladores que han apoyado la medida de la Ministra Irene Vélez y al mismo tiempo pasen a defender el proyecto de ley, mostrarían una evidente contradicción argumentativa, por no decir hipocresía, ya que quedaría en evidencia que las razones para no conceder más licencias nunca se trató de una postura en beneficio del medio ambiente, pues de ser así no apoyarían que el Estado sea el único autorizado a lucrarse en este mercado.  

Por último, y no menos importante, los representantes del Partido Alianza Verde pretenden de igual manera que los contratos del esquema actual que hayan sido celebrados con anterioridad a la entrada en vigencia del proyecto de ley, en caso de ser aprobado, queden incursos en nulidad absoluta. Frente a este escenario, el Estado colombiano deberá prepararse para las múltiples demandas que adelantarán los inversionistas por el incumplimiento a los términos contractuales sobre los cuales confiaron su capital. Los congresistas Asprilla y Muñoz deben contemplar que abrir paso a la inestabilidad jurídica del sector energético terminaría por menoscabar la seguridad fiscal del país. De aquí la preocupación de expertos y ciudadanos ante esta desatinada iniciativa.

@danielamercadom
Abogada en regulación eléctrica e hidrocarburos.