IVE sin barreras: un año de la marea verde

El pasado 21 de febrero de 2022 la Corte Constitucional despenalizó el delito del aborto hasta la semana 24 de gestación, un fallo histórico y, sin duda, progresista en muchos aspectos, que dejó a Colombia como uno de los países con el plazo más amplio para el acceso a este procedimiento.

Como era de esperarse y como si de opinar se tratara, cientos de personas salieron en ese momento a manifestarse en contra de la sentencia, la misma que exhortó al Congreso y al Gobierno a crear una política pública integral para la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres, niñas, adolescentes y personas gestantes en el país.

Tras la promulgación de la sentencia C-055 no tardaron en hacerse escuchar las voces en contra. Hasta el expresidente Iván Duque salió con uno de esos apuntes que uno no sabe si tomar en chiste o tomar en serio, hablando de cómo el aborto iba a convertirse en un “método anticonceptivo” para las mujeres; porque la definición de anticoncepción no es lo suficientemente clara como para entender que es una medida antes-de-la-concepción.

Pero bueno, la decisión ya estaba tomada y hoy, un año más tarde, aún con las demandas e intentos por tumbarla, se ha mantenido la que se convirtió en uno de los pasos más importantes para las mujeres y los movimientos feministas en Colombia: el reconocimiento de la autonomía reproductiva, del derecho a elegir y a acceder de forma segura y legal a un procedimiento que cada año cobraba la vida de quienes accedían a él de manera clandestina.

La decisión de la Corte fue un primer paso para eliminar al fin la estigmatización que recaía sobre cientos de mujeres que buscaban o accedían a una IVE, en medio de trabas y vueltas para enmarcar su caso en alguna de las tres causales estipuladas desde 2006. Incluso, significó una salida para aquellas mujeres que antes fueron criminalizadas, perseguidas y juzgadas por decidir sobre sus cuerpos.

Hoy, por ejemplo, la Fiscalía tiene que pedir perdón públicamente e indemnizar a Carolina Sabino luego de divulgar en 2015 un proceso en su contra por someterse a un aborto, algo que claramente la llevó a enfrentar un daño irreparable a su moral, nombre, dignidad y privacidad. Esta orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca refleja una vez más las falencias del sistema judicial al momento de tratar temas de género y la facilidad con la que se señala y revictimiza a las mujeres.

Eliminar el delito del aborto no fue solo una victoria para quienes se tomaron las pañoletas verdes, banderas de esta lucha; sino para los millones de mujeres, niñas, adolescentes, personas gestantes y mujeres migrantes que, desde las ciudades y sobre todo desde la ruralidad, tenían que exponerse a trabas y dilaciones médicas para interrumpir embarazos no deseados, encontrando la única salida en procedimientos clandestinos y peligrosos.

Colombia tiene ahora uno de los marcos legales más amplios del mundo en este tema, en el que las niñas tienen derecho a solicitar una IVE de forma autónoma, en el que se reconoce a las mujeres migrantes, a las personas trans y no binarias, en el que se conciben contextos como la ruralidad y las dificultades en el acceso a la salud para miles de mujeres en el país.

Las 24 semanas de plazo de la Corte no son un capricho, y menos en un país como este en el que la información es tardía, los procesos se dilatan y la atención en salud está llena de fallas. Los discursos de odio frente a una decisión que respeta y reconoce los derechos de las mujeres, solo demuestran la poca empatía y la doble moral que tenemos como sociedad.

Solo para recordar: despenalizar no es sinónimo de incentivar. El acceso legal, seguro y gratuito a la IVE salva vidas y eso no debería ser tema de debate, sino de respeto frente a las decisiones y al proyecto de vida de quienes deciden acceder a ella.

Editora de género de NoticiasRCN.com
@humoazul_