¿Es segura la línea de mando en la Casa de Nariño?

La decisión del presidente Gustavo Petro que derogó el decreto que restringía los viajes y encuentros conjuntos de la fórmula presidencial pone eventualmente en riesgo la estabilidad política de la línea de mando del Gobierno Nacional.

“Superviviente designado” es la traducción al español del nombre de una reconocida serie que muestra una práctica administrativa sobre la seguridad de la figura presidencial en Estados Unidos, que consiste en garantizar que ante una eventual crisis que comprometa la vida e integridad personal del presidente y del vicepresidente, alguien del gabinete de secretarios de la Casa Blanca -previamente designado y quien no acude a un determinado encuentro con sus pares, el vicepresidente y el presidente-, asuma la condición de jefe de Estado encargado para maniobrar esa crisis y darle continuidad al Gobierno sin afectar la estabilidad política del ejecutivo norteamericano.

El establecimiento de una línea de sucesión presidencial en la Casa Blanca no es ficción. Es una realidad -retratada por esa serie y por muchas otras películas-, que en el día a día de la administración pública está regulada mediante protocolos de seguridad aplicables a más de cien casos relacionados con la gestión preventiva de crisis en los desplazamientos, encuentros y situaciones de riesgo en los cuales se pueda ver comprometida la integridad del presidente, del vicepresidente o de los secretarios del ejecutivo norteamericano.

La salvaguarda de la línea de mando del ejecutivo en Estados Unidos no es un caso único en el mundo. Para ser más precisos es una práctica internacional estandarizada. Se encuentra regulada en América Latina en países como México, Brasil y Chile -por citar algunos ejemplos que conozco de primera mano-, así como en la gran mayoría de los Estados que componen la Unión Europea.

Entonces, la pregunta del millón es ¿por qué se derogó el decreto sobre la integridad -en términos de seguridad personal- de la línea de mando de la Casa de Nariño? La respuesta es sencilla. Es un arrebato del presidente Petro. Una extensión del concepto enemigo interno, que según nuestro mandatario es el acumulado normativo que impide gobernar equitativamente para todos.

Con lo anterior no quiero decir que el decreto confeccionado por la administración de Iván Duque -hoy día decreto derogado- era la obra cumbre del derecho colombiano en seguridad y defensa nacional. Noooo… Ni más faltaba. Pero esa norma estaba bien encaminada. Y era un referente sobre la necesidad de garantizar la seguridad personal de la fórmula presidencial como un mecanismo institucional de protección de la línea de mando del Gobierno Nacional.

No soy ave de mal agüero ni pretendo posar como tal, pero el destino, el azar, un acaso o una catástrofe natural, un ataque armado, un acto terrorista pueden crear una crisis de línea de mando de proporciones desconocidas, y en ese preciso momento, lo que realmente esperamos en medio de la eventual tragedia es la capacidad de respuesta del Gobierno Nacional, conducido por quien corresponda en términos constitucionales, y nunca un ejecutivo acéfalo.

En conclusión, la decisión del presidente Petro es un capricho que contraviene los estándares internacionales sobre la seguridad personal de la figura presidencial. Es una ligereza que no fue estudiada, sustentada ni valorada adecuadamente en el nuevo decreto, lo cual en última instancia crea un riesgo extraordinario sobre la seguridad institucional de la línea de mando del Gobierno Nacional.

@JairoLibreros
Editor y analista político de Noticias RCN y NTN24