¿Por qué el Gobierno le tiene tanto miedo a la inteligencia de las Fuerzas Militares?

La inteligencia de Estado provoca innumerables temores en algunos sectores políticos, especialmente en la izquierda democrática. Pero que el Gobierno Nacional la proscriba en el Congreso como un mecanismo de información, acompañamiento y control es un despropósito injustificable.

En el Congreso de la República se aprobó en primer debate -sesiones conjuntas de la Cámara y del Senado- el proyecto de ley que prorroga la denominada Ley de Orden Público, norma que desde 1997 reglamenta los asuntos relacionados con el fortalecimiento del Estado para la preservación del orden público, la gestión de la seguridad y defensa nacional, la negociación de procesos de paz y de sometimiento a la justicia, entre otras asignaturas.

En medio de los debates que se presentaron por cuenta del articulado a ser aprobado, surgió una proposición aditiva que fue leída, votada y negada en tan solo cinco minutos. El representante conservador Felipe Jiménez, con el respaldo de otros congresistas, planteó palabras más palabras menos lo siguiente: el Gobierno Nacional presentará a la Comisión de Inteligencia y Contrainteligencia del Congreso un informe semestral sobre los avances de las negociaciones de paz.

“Proposición no avalada se vota no”, es la frase -por fuera del Reglamento del Congreso- que pronunciaron los coordinadores ponentes del proyecto para enviar un mensaje de inviabilidad, que a la postre hunde la proposición que no es del interés o del agrado del Gobierno Nacional.

Surge entonces un interrogante, ¿cuál es el temor del Gobierno Nacional y de un sector de su bancada legislativa, que los lleva a negar la rendición de cuentas ante la Comisión de Inteligencia y Contrainteligencia del Congreso? La respuesta es compleja. Es un coctel compuesto por la desconfianza frente a algunos congresistas y el miedo generalizado a todo lo que se denomine Inteligencia de Estado.

Legislar para buscar una salida consensuada al conflicto armado o con el crimen organizado no es una tarea menor. El presupuesto normativo en el diseño institucional para sentarse a la mesa con esas agrupaciones delictivas es de filigrana. Y sobran motivos para entender un alto nivel de desconfianza alrededor de esos actores violentos, que se traduciría en un articulado redactado para lograr acuerdos y al mismo tiempo contener un eventual fracaso en las negociaciones.

Pero llevar esa desconfianza al Congreso por cuenta de la distancia ideológica que separa al Gobierno Nacional de algunos integrantes de los partidos políticos de oposición, independientes y de gobierno -el congresista Jiménez es del partido Conservador, que es un partido de gobierno-, es un despropósito. Un doble estándar discriminatorio que produce fatiga política y desgasta única y exclusivamente a la Casa de Nariño.

Si esa desconfianza es inexcusable, el miedo a la Inteligencia de Estado no tiene razón de ser. El arma o la especialidad que más bajas sufrió en el remezón de la Fuerza Pública por el relevo presidencial corrió por cuenta de la salida de generales y coroneles de inteligencia. Todos los servicios y agencias de inteligencia -civiles y militares- están en manos del Gobierno Nacional. Y la Comisión de Inteligencia y Contrainteligencia del Congreso está presidida por la senadora del Pacto Histórico Jael Quiroga.

El miedo del Gobierno Nacional a la Inteligencia de Estado es abrumador. Y más temprano que tarde se paralizará en la gestión púbica de la paz total o de la seguridad humana. Una Casa de Nariño sin las herramientas de la prospectiva es incapaz de dibujar escenarios de futuro. Es una renuncia expresa a la inteligencia estratégica, y por ello, será incapaz de anticiparse a los acontecimientos para convertir las incertidumbres y los riesgos en oportunidades políticas.

En conclusión, el coctel es una torpeza política monumental, porque el sectarismo se esconde en la frase “Proposición no avalada se vota no”, que limitará la gestión de la Inteligencia de Estado, afectará los acuerdos de convivencia partidista y deslegitimará la esencia del control político, propia de todos los congresos de las democracias constitucionales, especialmente de aquellos como el colombiano que cuentan con comisiones de inteligencia y contrainteligencia.

@JairoLibreros
Editor y analista político de Noticias RCN y NTN24