Justicia y dignidad

La carta de radicación de la reforma laboral dice que ese es un proyecto “por medio del cual se adopta una reforma laboral para el trabajo digno y decente en Colombia”. La ministra Gloria Inés Ramírez ha aceptado en varias ocasiones que la iniciativa no va a generar más empleo y tampoco reducirá la informalidad laboral. 

De hecho, dentro de los 92 artículos que tiene el proyecto, no hay uno solo que dé incentivos a la creación de empleo, ni tampoco a la formalización de las empresas y/o trabajadores. Por el contrario, gremios como Fenalco han advertido que los sobrecostos a las empresas podrían aumentar entre un 15% y 30% y que estarían en riesgo cerca de 450.000 empleos. 

“El clúster del comercio, que son cifras oficiales del Dane, genera el 33 % del empleo en Colombia y por esa razón creemos que se va a producir una reducción al empleo, como lo dijimos en el proyecto pasado. Pero los cálculos nuestro eran una pérdida de cerca de 450.000 empleos en el primer año, cifra que corroboraron el Banco de la República y Fedesarrollo posteriormente”, dijo Jaime Alberto Cabal días atrás a Noticias RCN. 

A pesar de estas advertencias, el Gobierno insiste en el proyecto aludiendo a la justicia y la dignidad del empleo. Para los defensores de la reforma, un empleo digno es aquel en el que se tiene una jornada laboral reducida, “buenos pagos” y una estabilidad forzada, pues el empleador no tiene herramientas para manejar su planta de personal (garantías para que no lo despidan del trabajo).

Ahora bien, esta “dignidad” aplica solo para una parte muy reducida de la población, específicamente, para los empleados formales que, según el Dane, son 9,3 millones, mientras que los informales ascienden a 12,2 millones. La situación es más preocupante, cuando se evidencia que la mayoría de la informalidad laboral se presenta en las zonas y departamentos más apartados del país (Sucre, Montería, La Guajira, Chocó, Magdalena, entre otros).

La reforma laboral mejora los beneficios de los trabajadores de las principales ciudades del país (Bogotá, Cali, Medellín), pero condena a la informalidad y amplía la brecha social con las demás regiones del país, pues aumenta los costos de contratación, por lo que hace aún más difícil que lleguen las empresas a las regiones, o que las empresas informales den el salto hacia la formalidad.  

Salarios justos

Si bien la reforma laboral no tiene un componente que modifique la manera en la que se calculan los salarios en Colombia, la discusión del “empleo digno” siempre va acompañada del término “salario justo”.

Seguramente, para la mayoría de habitantes de Bogotá, Cali y Medellín un salario mínimo no es suficiente para cumplir con sus necesidades diarias y mensuales, pero la situación para una persona en Istmina o Puerto Inírida sería diferente. 

¿Por qué las definiciones y discusiones salariales siempre se toman pensando que la gente de Bogotá representa a la mayoría del país? ¿Cuánto no daría una persona en Puerto Carreño por un trabajo formal con todas sus prestaciones sociales?

Las cifras del Dane también reflejan que de los más de 22 millones de ocupados que hay en el país, solo cerca de 3,5 millones ganan el salario mínimo. De hecho, el 43,1% de la población ocupada (9,4 millones) tiene ingresos inferiores a un salario mínimo. ¿Por qué no se piensa en esa población cuando se miran estas medidas?

En Bogotá, Cali y Medellín se protesta porque el salario no alcanza, pero nunca nos hemos sentado a pensar en cómo ayudar a esos 9 millones de trabajadores que tienen ingresos inferiores a un mínimo y que viven del día a día. El problema es que en muchas zonas del país no hay empresas formales y una de las razones es, precisamente, el salario mínimo. 

A una empresa formal cualquiera le vale lo mismo tener 5 empleados en Santander de Quilichao, que en Bogotá, a pesar de que en la capital del país va a vender 30 veces más que en el municipio. ¿Cuál es el incentivo para que las empresas lleguen a las regiones? 

Si en verdad se quiere reducir la brecha social que hay en Colombia, más allá del acceso a tierra, que es un paso relevante, se debe buscar generar formalidad laboral en las regiones y esto se logra por medio de la creación de empresas. Para lo anterior, es importante poner sobre la mesa la discusión de un salario mínimo diferencial por zonas (o departamentos), como funciona en Estados Unidos. Aquellas zonas del país donde la productividad sea menor, y los costos de vida inferiores, deberían tener un salario mínimo más bajo para incentivar la llegada de empresas y la creación de empleo formal. 

Esta propuesta fue hecha por la OCDE años atrás, entidad que advirtió que la inflexibilidad del mercado laboral impide cerrar las brechas económicas que hay hoy en día. 

Una lástima que la reforma laboral que dice “adoptar un trabajo digno y decente” va a condenar aún más a la informalidad y al desempleo, a la población rural y a los colombianos que viven lejos de las principales ciudades del país.