La paz total a “cuidados intensivos”

La paz total parece en cuidados intensivos por los lamentables hechos registrados en los últimos días, que incluyen el asesinato de cuatro menores indígenas en Putumayo y dos policías en la región del Catatumbo. Tras lo sucedido, el gobierno anunció la suspensión del cese al fuego y la retoma de acciones militares en los departamentos de Caquetá, Guaviare, Meta y Putumayo. Eso sí, no renuncia a la negociación, pues en el mismo comunicado insiste en retomar las conversaciones de paz, pero acompañadas de “operaciones ofensivas” contras las disidencias Estado Mayor Central de las Farc (EMC-Farc) en particular del Frente Carolina Ramírez responsable del crimen atroz.

¿Tiene sentido mantener los diálogos? ¿Está el gobierno incurriendo en excesivas concesiones frente a estos grupos? ¿Se está esfumando la posibilidad de concretar la paz total?

El gobierno tiene dos imperativos para mantener las negociaciones, el deber constitucional y su promesa de campaña. En cuanto a lo primero, la Constitución define la paz como un ideal y aunque no especifique un mecanismo, se sobrentiende que para el progresismo no existe un camino distinto para alcanzarla que a través de la negociación. Es más, se trata de una diferencia fundamental entre izquierda y derecha en Colombia. La primera asume las causas objetivas de la violencia, es decir, considera que las limitaciones estructurales y la ausencia de bienestar social son reproductores de guerra.

La derecha ha sostenido la tesis de que la guerra o la violencia tienen su génesis en la falta de autoridad del Estado. De igual forma, una de las promesas de campaña fue precisamente la negociación, en contraste con los gobiernos conservadores de Uribe y Duque, que condicionaron cualquier negociación a la renuncia al uso de la fuerza por parte de las guerrillas. El resultado: no hubo un solo proceso de diálogo de paz con estos grupos, si acaso asomos. En el primero solamente ocurrió el controvertido proceso de Ralito que, a juzgar por las revelaciones de los últimos años, está lejos de haber alcanzado el objetivo de desmovilizar a las autodefensas o paramilitares, en buena medida por la impulsiva medida tomada por el entonces gobierno, de extraditar a los principales comandantes.      

El proceso de negociaciones actual, columna vertebral de la paz total que contempla el cambio de doctrina de una seguridad basada en la lucha contrainsurgente a una concepción más integral, tiene dificultades propias que no siempre se dimensionan. De un lado, la ambiciosa meta de negociar con varios grupos, disidencias de las Farc, bandas criminales y el ELN. Mantener semejante ritmo de negociaciones en medio del conflicto no es sencillo, pero si una enseñanza dejó los acuerdos de La Habana es que la paz vale la pena, sin ese intento Colombia volverá el ciclo interminable de la violencia. Basta ver como la tasa de homicidas, que llegó a picos insólitos en 1989 (87 por cien mil habitantes), se redujo considerablemente post acuerdos con las Farc (24 en 2017, la más baja en tres décadas).

De otro, el ELN tiene ambiciones que sobrepasan largamente las de las Farc y sobre este grupo se suelen evocar tres lugares comunes infundados que es indispensable complejizar. No por ser una guerrilla más pequeña, necesariamente es más flexible en sus reivindicaciones; tampoco por estar negociando con un gobierno que se reclama de izquierda, los consensos son más probables, y, a diferencia de lo que considera buena parte de la izquierda y del centro, el ELN no ve en los acuerdos de paz de La Habana un ejemplo de éxito, tal como el Centro Democrático -aunque por razones distintas-. 

Todo lo anterior obliga a que el gobierno insista en la negociación, eso sí, preservando el ideal de hacerlo en medio de un cese al fuego y abriendo la posibilidad de alcanzar acuerdos parciales. Cada minuto que pasa hace más urgente acordar mínimos, pues empieza a ser probable que esta administración no pueda firmar la desmovilización de todos los grupos, en especial del ELN. Parece irremediable que el proceso dependa del gobierno subsiguiente, a Juan Manuel Santos casi no le bastaron ocho años, de allí que sea lógico concebir la paz como política de Estado, más no de gobierno. Petro deberá trabajar en una pedagogía en la que se entienda la complejidad de las negociaciones para reconocer que no hay fórmulas mágicas y que, como alguna vez recordó torpemente Antonio García, del ELN, se trata de un ideal que no se puede fijar por decreto, ni es sinónimo en exclusiva de “dejación de armas”. Requiere de una inversión que durante décadas el Estado colombiano ha mirado por encima del hombro. Se ha pretendido la paz, pero no asumir sus costos sociales. 

Profesor de la Universidad del Rosario
@mauricio181212