Inhabilitan al exdirector de La Picota: exigía hasta $30 millones a un recluso para visitas irregulares
Luis Francisco Perdomo Claros, exdirector del complejo carcelario, fue hallado culpable de solicitar el dinero a un interno.
Noticias RCN
05:19 p. m.
La Procuraduría General de la Nación confirmó en segunda instancia la destitución e inhabilidad por 17 años contra Luis Francisco Perdomo Claros, quien se desempeñó como director del Complejo Carcelario y Penitenciario La Picota de Bogotá en 2018.
La sanción se impuso tras comprobarse que el exfuncionario exigió $30 millones a José Bayron Piedrahita Ceballos, un recluso que estaba a punto de ser extraditado a Estados Unidos, a cambio de autorizar visitas extraordinarias de familiares y amigos en condiciones irregulares.
Exdirector de La Picota exigía hasta $30 millones a un recluso para visitas irregulares
La investigación de la Procuraduría reveló que este hombre utilizó su cargo para cometer actos de corrupción de manera deliberada.
Según la evidencia recabada, el exdirector solicitó personalmente la suma de $30 millones a Piedrahita Ceballos, un preso conocido por sus vínculos con actividades ilícitas, con el fin de permitirle despedirse de sus familiares y allegados antes de ser extraditado.
Este tipo de beneficios no estaba contemplado en la normativa penitenciaria, lo que convierte el acto en una clara violación a los principios de moralidad y transparencia que rigen la función pública.
El pago del soborno no fue un hecho aislado, pues las pruebas demostraron que la transacción se concretó en un establecimiento de comidas ubicado en la plazoleta de un hotel en Bogotá.
Allí, Perdomo Claros fue sorprendido en flagrancia por agentes del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, quienes lo capturaron mientras recibía el dinero.
Esta es la sanción que enfrentará el exdirector de cárcel La Picota
La Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento determinó que Perdomo Claros quebrantó el principio de moralidad, uno de los pilares fundamentales del servicio público.
La sentencia destacó que se trata de un “delito de peligro”, es decir, que la sola solicitud de dinero a cambio de un beneficio indebido ya constituye una infracción grave, sin necesidad de que el resultado se haya concretado.
La gravedad de la falta fue calificada como “disciplinaria gravísima”, al haber sido cometida con dolo, ya que se estableció que utilizó su cargo para vulnerar la confianza que el Estado y la sociedad depositaron en él, transgrediendo de manera flagrante las normas que debía proteger.
Ahora, Perdomo Claros no podrá ocupar cargos públicos ni ejercer funciones relacionadas durante los próximos 17 años.