Luego del caso de Gustavo Petro, ¿la Procuraduría y Contraloría quedan sin dientes para combatir la corrupción?
El fallo a favor de Gustavo Petro concluyó que sus derechos políticos fueron violados por considerar que fue el mismo órgano que formuló los cargos y dictó la sanción.
Noticias RCN
02:19 p. m.
Con el reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso del senador Gustavo Petro, ¿quedará la Procuraduría y Contraloría sin dientes para combatir la corrupción?
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La decisión a favor de Petro concluyó que sus derechos políticos, el principio a la imparcialidad y a la protección judicial, fueron violados, por considerar que fue el mismo órgano que formuló los cargos y dictó la sanción. Pero, ¿cuáles son los alcances?.
En diciembre de 2013 la Procuraduría General de la Nación inhabilitó y destituyó a Gustavo Petro por 15 años, por irregularidades en el cambio de operador para la recolección de basuras.
Este fallo tiene gran relevancia y cobra especial vigencia no solo por el valor de la indemnización que el Estado deberá pagarle, sino porque las conductas disciplinarias que derivan en sanciones o inhabilidades, ahora no podrán ser proferidas por la Procuraduría, sino que deberán ser juzgadas por un juez dentro de un proceso penal.
"La Procuraduría y la Contraloría no van a poder en el futuro suspender o destituir a funcionarios de elección popular, léanse no solamente congresistas, sino alcaldes, gobernadores, concejales, diputados. Desde ese punto de vista dijéramos que hay una cierta dificultad en la lucha contra la corrupción", aseguró Alfonso Gómez Méndez, exprocurador.
Con esto, la Procuraduría y Contraloría no tendrán la potestad de destituir de su cargo a funcionarios elegidos por mandato popular, con lo cual, la sentencia expresa en su literalidad adecuar la legislación interna, esto compone una grave afectación a la estructura constitucional del Estado colombiano, dado que la legislación establece que no todas las fallas disciplinarias constituyen un hecho penal.
"La decisión altera profundamente el régimen disciplinario de Colombia, no solamente la Procuraduría sino también la competencia del presidente con relación a los gobernadores; la del Consejo de Estado en los trámites de pérdida investidura, también altera la competencia del Congreso para determinar si suspende o no un congresista, pero especialmente se limita el combate a la corrupción", afirmó Jaime Bernal Cuéllar, exprocurador.
Sin embargo para el exjefe del ministerio público, Carlos Gustavo Arrieta esta es solo una sugerencia del alto tribunal. "Solamente si el Congreso decide cambiar la Constitución y, si es que lo decide, se podrán ver afectadas las facultades destitución y de inhabilitar que tiene la Procuraduría General de la Nación. De todas maneras, la Procuraduría sigue contando con muy importantes herramientas de investigación y sanción".
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Lo resuelto por la Corte IDH se acopla a la discusión pública que existe en la actualidad sobre la necesidad de reformar la justicia, combatir la corrupción a través de una reforma integral que convoque a la ciudadanía a través de un referendo o una asamblea nacional constituyente.