Críticas al gobierno de Jair Bolsonaro se agravan en Brasil

Cuando la policía llamó a su puerta para notificarle que había sido denunciado por atentar contra la seguridad nacional, el popular youtuber brasileño Felipe Neto se quedó espantado.

Días antes, Neto había llamado "genocida" al presidente Jair Bolsonaropor la gestión de la pandemia de coronavirus, que ya dejó más de 290.000 muertos en Brasil. El concejal Carlos Bolsonaro, estratega de su padre en las redes sociales, pidió a la policía que lo investigara.

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De inmediato, las redes se inundaron de mensajes de apoyo a Neto, replicando el adjetivo "genocida" y las críticas del influenciador digital, de 33 años, con más de 41 millones de seguidores en YouTube y 12,4 millones en Twitter.

Una jueza suspendió el jueves la investigación, por considerarla ilegal, y Neto anunció que financiará un grupo de abogados para defender a quienes sean procesados por criticar al gobierno. Juristas y especialistas en Derechos Humanos advierten sobre una escalada de maniobras legales y extralegales para acallar voces que consideran disidentes.

Milicias digitales

Los blancos no son solo opositores: periodistas, artistas y científicos denuncian ataques coordinados por "milicias digitales" bolsonaristas para destruir sus reputaciones.

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La cardióloga Ludhmila Hajjar, a quien Bolsonaro sondeó este mes como posible ministra de Salud, fue amenazada de muerte por cuestionar el uso de medicamentos sin comprobación científica contra el coronavirus, promovidos por Bolsonaro, y defender restricciones a la circulación. Intentaron invadir el hotel donde se alojaba en Brasilia.

Hajjar contó que refirió lo sucedido a Bolsonaro y que este le respondió: "Son gajes del oficio".

Resabios de la dictadura 

"¿Cómo le gustaría [a Carlos Bolsonaro] que me refiriera al presidente, que calificó de 'gripecita' a la mayor pandemia que hemos visto en años, que incentiva a salir a la calle como si nada ocurriese, que provoca aglomeraciones?", alegó Neto.

La denuncia invocó la Ley de Seguridad Nacional (LSN), implementada por el régimen militar (1964-85), aún vigente y cada vez más usada para "cohibir opiniones disidentes", afirma Thiago Amparo, abogado y profesor de Derecho de la Fundación Getulio Vargas (FGV-SP).

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Esta semana, el Ministerio de Justicia pidió a la Policía Federal (PF) investigar a un sociólogo de Palmas (Tocantins, norte) por "delitos contra la honra", por haber contratado paneles con fotos de Bolsonaro acompañadas de frases como "miente", "no vale nada" o "vete, Bolsonaro".

La PF también investiga por "delitos contra la honra" a Ciro Gomes, tercero en las elecciones presidenciales de 2018, quien calificó a Bolsonaro de "ladrón" y denunció presuntos esquemas de corrupción en la familia presidencial, informó la prensa este sábado.

"No me importa esa acción en mi contra, pero considero grave la tentativa de Bolsonaro de intimidar opositores y adversarios", dijo Gomes al diario O Estado de S.Paulo.

Mina la democracia

"Estamos en un momento muy delicado, porque Bolsonaro es el tipo de líder que mina la democracia desde dentro", afirma Ilona Szabó, presidenta del think tank Instituto Igarapé, especializado en temas de seguridad y desarrollo.

Si bien siempre existieron amenazas contra ambientalistas, brutalidad policial y una situación degradante en las prisiones, "hubo una erosión democrática muy fuerte" de los derechos humanos desde que Bolsonaro asumió el poder en 2019, dijo Szabó.

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Bolsonaro nombró a figuras clave en la Policía Federal, la Fiscalía, la justicia y otros organismos de control, que según analistas pueden ayudarlo a blindarse de investigaciones contra él y su familia.

"Es un líder populista autoritario con perfil clásico. No acepta disidencias, o eres 100% leal o eres su enemigo", define Szabó.

Esta situación provocó una "fuga de cerebros", apunta la investigadora. Ella misma abandonó el país, tras recibir amenazas por oponerse a las políticas armamentistas y represivas en materia de seguridad.

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También se exiliaron la antropóloga y abogada Debora Diniz, amenazada por defender la legalización de aborto, y el exdiputado izquierdista Jean Wyllys, quien renunció a su mandato tras una campaña de noticias falsas que lo asociaba a la pedofilia.

En un boletín que será publicado en abril (GPS do Espaço Cívico), el Instituto Igarapé identifica más de 200 "ataques al espacio cívico" entre enero y el 10 de marzo, incluyendo campañas de desinformación, intimidaciones y abuso de poder.

El gobierno es responsable de casi el 55 % de esos ataques, según el informe. "Si continuamos sin un freno real por parte de las instituciones, corremos el riesgo de una ruptura democrática", advierte Szabó.

NoticiasRCN.com - AFP