La crisis social es peor que la crisis sanitaria | Por: María Fernanda Matus

Por: María Fernanda Matus 

En Colombia, la crisis social es peor que la crisis sanitaria. Las garantías son inexistentes para un amplio sector de la sociedad. El aislamiento inteligente preventivo nos exige responsabilidad individual. Ahora, también requiere de bases gubernamentales sólidas. 

El Valle del Cauca, Amazonas y Atlántico están entre los departamentos con más casos de Covid-19 en el país. La ciudad de Bogotá, que reporta la mayoría de casos a nivel nacional, cuenta con varios sectores que se encuentran en situación de riesgo. Nos enfrentamos a municipios que ni siquiera tienen agua potable. Departamentos que no cuentan con hospitales que garanticen atención especializada para tratar casos graves de Covid-19. Amazonas, antes de la crisis, ni siquiera tenía espacios de UCI. 

Por su parte la salud pública, a pesar del tiempo que ganamos estos meses para supuestamente asegurar la salud de todos los ciudadanos, sigue sin ser prioridad. El presupuesto no se asignó en su mayoría a los hospitales públicos sino a los privados. Y lo peor, es que la crisis social tampoco ha sido atendida con eficiencia. 

¿Cómo le exiges a un ciudadano, que no tuvo agua potable en toda su vida, que se lave las manos cada tres horas? ¿Cómo le exiges a un ciudadano en Bolívar, Guajira o Atlántico, con semejante calor, que no se toque la cara mientras trabaja como obrero en una construcción?

No fueron capaces de entregar mercados completos a la mayoría de familias pobres del país. Tampoco les brindaron garantías suficientes para que respetaran el confinamiento. 

Entonces, ¿cómo van a garantizar las medidas preventivas en el futuro? Quienes no tienen otra opción y salen a vender sus productos a las calles, son multados por la policía, perseguidos e incluso hasta violentados. 

¿Cómo pretenden que se respeten los protocolos preventivos en municipios en donde ni siquiera hay agua potable? Esto también aplica a ciertos barrios de la ciudad de Bogotá, que están en condiciones tan indignas como cualquier municipio del Atlántico o del Pacífico colombiano. 

El reto para lograr un aislamiento preventivo, medianamente decente, también depende del Estado y sus políticas asistenciales. No todos los que incumplen son indisciplinados o inconscientes. Cuando los derechos fundamentales son vulnerados, se vuelve un asunto de supervivencia. 

Entonces, se le da prioridad a la crisis social o la situación se saldrá de control.

La ñapa: las mujeres se respetan. Las mujeres indígenas no son mercancía. Señor Zuleta, lo que afirmó no tiene manera sana de decirse.