Exclusivo: Museo de Memoria de Colombia, una promesa incumplida a las víctimas del conflicto armado

Sobre la Calle 26 con Américas, en Bogotá, hay una estructura enorme, de color gris y con terminaciones en punta. Pero no es una construcción cualquiera: se trata del Museo de Memoria de Colombia, un espacio que fue planteado como una de las medidas de reparación de la Ley de Víctimas.

Esta obra es un compromiso con los colombianos que vivieron el conflicto, pero también con todos los ciudadanos que con sus impuestos pagaron los 100.000 millones de pesos que costó. 

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Aunque tenía que ser entregada a finales del año pasado, a cuatro meses de que termine el 2023 las obras están detenidas y así llevan cerca de 10 meses.

Actualmente, el Museo se ve así:

Así debería verse: 

La Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco es la entidad encargada. Esto se debe a que el Museo de Memoria como institución no tiene facultades para construir. La contratista es la compañía española OHLA, autora de otros importantes proyectos en el país como el Tranvía de Medellín, el corredor Accesos Norte 2 en Bogotá y la línea de Metroplus de Itagüí.

Los señalamientos hacia OHLA en otros países

Esta constructora tiene presencia en varios países. Su nombre era OHL, pero en 2021, con el propósito de hacer un cambio de imagen, pasó a llamarse OHLA. 

Particularmente, la empresa es nombrada en una investigación judicial en España. Se trata del Caso Lezo, en el que se vio implicado Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, y una empresa pública de aguas dependiente que habría comprado de forma fraudulenta y con sobrecostos a otra sociedad brasileña. La participación de OHLA sería solo una de las piezas del rompecabezas que armaron las autoridades.

En 2015, en México, fueron revelados unos audios en los que directivos de la empresa, al parecer, ofrecían beneficios como vacaciones pagadas a funcionarios a cambio de un trato exclusivo. Además, presuntamente explicaban cómo aumentarían las previsiones de tráfico cobrando por obras que aún no construirían. 

Cabe mencionar que no hay condenas judiciales en contra de la compañía. 

El capítulo en Colombia

En Colombia la historia no es distinta. En 2010 la empresa habría entrado al país con el megaproyecto de la hidroeléctrica El Quimbo en el sur de Huila. Y aunque tuvieron años buenos adjudicándose millonarios contratos, en 2014, cuando ganó la licitación por la 4G Autopista Río Magdalena, se presentaron retrasos. Este proyecto les costó a los colombianos más de $150.000 millones de pesos en anticipos que le fueron entregados a OHLA. Finalmente, el contrato fue cancelado.

El Museo de la Memoria

A pesar de lo anterior, la Agencia Nacional Inmobiliaria (ANIM) le entregó a un brazo empresarial de la compañía la enorme responsabilidad de construir el Museo de Memoria de Colombia. En esta historia todas las partes tienen una versión diferente.

Desde el Museo dicen que la obra ha tenido retrasos e incumplimientos por parte de la constructora: “La construcción está suspendida mientras la ANIM termina de cuadrar cuentas con OHLA”, dijo a este medio la directora de la entidad, María Gaitán.

Por su parte, la Procuraduría advierte que esta infraestructura podría convertirse en un “elefante blanco”. Cuando el ministerio público visitó las instalaciones en febrero de este año, encontró fallas técnicas como empozamientos, ausencia de barandas, pisos, pulimentos de fachadas y otros problemas, calculados en un 20% restante por ejecutar.

Han pasado seis meses desde aquella visita y hoy la obra sigue igual. Con un 60% o 70% de avance y con un lío jurídico que parece no tener fin.

El director encargado de la ANIM, Nicolás Corso Salamanca, le dijo a Noticias RCN que durante el trámite del contrato hubo incumplimientos por parte de OHLA y por ello la Agencia multó a este contratista: “Hubo problemas de coordinación con la interventoría que hicieron que la obra no llegara a feliz término”, señaló. 

Pero la entidad estatal también está demandada por la empresa española. “Hay en curso una acción por incumplimientos en la cual la agencia ha tenido una postura y existe la controversia judicial”. Esto le puede implicar al país un daño antijurídico.   

Todo ese enredo ha frenado la construcción del Museo de Memoria. Pero eso no es lo más grave. Gabriel del Toro, delegado para la Vigilancia de la Función Pública de la Procuraduría y quien acompañó la visita del organismo en febrero, dice que no hay un informe final de interventoría que pueda ponerle cierre legal, financiero y técnico a esa obra anterior. Tampoco hay un nuevo proceso de selección que permita la finalización del proyecto.  

En pocas palabras, la obra está estancada. Aun cuando la licencia se vence en 2025. El nuevo compromiso de la ANIM es entregarla en ese año y dicen que el cronograma que establecieron con la llegada de la nueva administración, el 7 de agosto, está hecho para que la obra se concluya finalmente en un año y cuatro meses.

Hay una preocupación más: ¿qué constructora va a querer asumir una obra de la que no sentó bases y que está a un 30% de ser terminada?  

Y a la lista de problemas del Museo se suma que la estructura lleva meses al sol, al agua y expuesta a condiciones externas sin estar impermeabilizada, esto haría que colapse. “Ese concreto que tiene es muy poroso y la lluvia e intemperie genera un riesgo sobre la estabilización, lo cual derivaría en un detrimento patrimonial”, dijo el funcionario de la Procuraduría.

Por ahora, el Museo de Memoria de Colombia es una de las promesas incumplidas de la Ley de Víctimas. 

NoticiasRCN.com buscó a OHLA para obtener su versión sobre dichos incumplimientos. Sin embargo, hasta el momento no hemos recibido una respuesta.

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