¿Cómo chuzaron ilegalmente a Marelbys Meza, ex niñera de Laura Sarabia, y qué tiene que ver el Clan del Golfo?

La Fiscalía entregó un reporte en el que revela cómo fue chuzada la exniñera de Laura Sarabia, mediante informes adulterados de la Policía judicial.


Cómo fue chuzada Marelbys Meza, niñera de Laura Sarabia
Foto: archivo Noticias RCN

Laura Alturo

junio 01 de 2023
04:32 p. m.
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Un nuevo vuelco dio el caso de Laura Sarabia, jefe de Gabinete del presidente Gustavo Petro, tras las recientes revelaciones de la Fiscalía General de la Nación. El fiscal general, Francisco Barbosa, anunció el regreso de las chuzadas e interceptaciones ilegales al país.

Según lo dicho por el ente investigador, Marelbys Meza, quien cuidaba al hijo de Laura Sarabia y que fue acusada por el robo de 7.000 dólares en efectivo de la residencia de la jefe de Gabinete, fue interceptada ilegalmente por la Policía judicial, mediante un informe adulterado en el que se le identificaba como la cocinera de uno de los anillos de seguridad de alias Siopas.

El fiscal Barbosa contó, durante una rueda de prensa, como una fiscal se negó a la interceptación de Meza y la señora Fabiola, quien acudía ocasionalmente a la residencia de Sarabia para ayudarle con labores de aseo.

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En consecuencia, la Policía judicial habría sido la encargada de recibir los abonados telefónicos correspondientes a Marelbys y Fabiola, con el fin de interceptarlas usando “un informe de fuente no formal”, en el que se señalaba que Meza era la cocinera de alias Siopas, uno de los jefes del Clan del Golfo y mano derecha de ‘Otoniel’.

Este informe también consignaba que la señora Marelbys Meza vivía en el corregimiento de Tagachí, Chocó, y que se encargaba de cocinar para uno de los anillos de seguridad del comandante del Clan del Golfo cuando este transitaba por la zona. A ella se le asignó el alias de 'la cocinera', con el fin de incluirla como objeto de interceptación.

Entretanto, a la señora Fabiola, quien también fue interceptada y presentada como 'la madrina', se describe en el informe como la encargada de realizar giros de dinero, comprar comida y llevar memorias con información impartida por varios cabecillas de los frentes.

Se inventan un informe de Policía judicial, incluyen a las dos personas, producen un informe y se lo entregan a un fiscal que adelanta una investigación sobre 'Siopas' en Quibdó, Chocó, para escucharlas

Barbosa recalcó que todo esto se produjo el mismo día en que la jefa de Gabinete y mano derecha del presidente Petro, interpuso la denuncia por el robo al interior de su vivienda, es decir, el pasado 30 de enero del año en curso. Este informe fue firmado por un investigador criminal de la Policía Nacional.

Respecto a quién proporciono los contactos, el fiscal señaló que esta fue obtenida por información suministrada por una fuente humana. El hecho lo calificó como una "vergüenza para la justicia colombiana". Al parecer, Inteligencia corroboró los datos proporcionados por la fuente.

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El regreso de las chuzadas

Barbosa calificó este hecho al interior del Gobierno Nacional como el regreso de las chuzadas e interceptaciones ilegales al país. Recalcó que desde la Fiscalía se estableció que las interceptaciones "deben tener motivos fundados" y ser documentadas para probar que las personas tienen vínculos con actividades delictivas.

Este caso deja mal parado al Gobierno, en un momento en el que la popularidad del presidente ha descendido y en el que sus reformas penden de un hilo debido al rechazo de los partidos que se habían declarado en coalición. Sarabia, quien es mano derecha del presidente y hasta hoy fue considerada como la segunda persona con más poder en el país, podría ver también en riesgo su cargo, al igual que el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, quien también se encuentra envuelto en la historia.

Barbosa, por su parte, llamará a interrogatorio e imputación a los responsables de estos hechos, en donde se involucra un presunto hurto y el regreso de las interceptaciones ilegales.

No puede admitirse, desde ningún punto de vista, que estas prácticas de violación de los derechos fundamentales, sean aceptadas en Colombia

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