Fiscalía imputó a exministra del deporte María Isabel Urrutia por posible corrupción
La Fiscalía señaló a la exjefe de cartera de posibles irregularidades en un contrato por 4.950 millones de pesos.
Noticias RCN
02:05 p. m.
La Fiscalía General de la Nación confirmó durante la tarde de este 21 de noviembre que imputó cargos a la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia Ocoró, señalándola de posibles irregularidades en un contrato por 4.950 millones de pesos.
Este convenio, cuyo propósito era implementar un sistema nacional de validación para el ingreso a los estadios de fútbol, habría sido adjudicado de manera irregular y en contravención con las normas de contratación pública.
Comunicado de la Fiscalía sobre exministra del Deporte
Según el comunicado del ente acusador, a la exjefe de cartera se le “imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documentos relacionados con el trámite precontractual”.
Datos revelados por la investigación señalan que en el Decreto 1622 del 5 de agosto de 2022 se ordenó al Ministerio del Deporte liderar la contratación de un software que asociara las boletas con los documentos de identidad de los hinchas, permitiendo verificar antecedentes y hacer efectivas restricciones de ingreso.
Sin embargo, el proceso de selección del contratista no cumplió con los parámetros legales, que exigían la participación de múltiples oferentes. En su lugar, se realizó una adjudicación directa.
La Fiscalía sostiene que la exministra buscó, en dos ocasiones, intermediarios para adjudicar el contrato, pero los condicionó a subcontratar con una persona previamente designada, garantizando que esta última obtuviera el proyecto desde el inicio.
“La investigación liderada por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia da cuenta de que la ministra habría violentado las normas de contratación y los parámetros definidos en el Decreto 1622, donde se ordena que el proceso de escogencia del contratista debía garantizar la concurrencia de oferentes. No obstante, fue seleccionado de manera directa”, agrega la Fiscalía.
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Las pruebas recabadas indican que Urrutia habría desoído las advertencias de su equipo técnico y jurídico, quienes, en al menos tres oportunidades, alertaron sobre irregularidades en el proceso.
Pese a ello, el 30 de diciembre de 2022, firmó un convenio interadministrativo con una entidad pública indirecta.
Además, se identificaron inconsistencias en la documentación del contrato, señalando que se incluyeron avales de funcionarios que no participaron en el proceso y que no se justificó la contratación directa ni la omisión de una licitación pública.
Tampoco se llevaron a cabo los estudios de mercado ni se determinó con claridad el precio del contrato, aunque se estableció un monto de 4.950 millones de pesos.
“Asimismo, se estableció que se incluyeron avales de funcionarios que no participaron en la estructuración de las condiciones y la selección del beneficiario. Tampoco se justificó la razón por la cual se contrató directamente, apartándose de la obligación de convocar a una licitación pública”.
Los delitos que se le imputaron la exministra del Deporte
El Decreto 1622 facultaba a la exministra para contratar el diseño e implementación del sistema de validación nacional, pero el contrato finalmente ejecutado tenía un objeto distinto: el análisis de la implementación del sistema.
Esta irregularidad, según la Fiscalía, constituye falsedad ideológica en documento público, ya que se registraron hechos contrarios a la realidad en los estudios previos y en el acto administrativo de justificación.
A la exministra se le imputaron los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.
La audiencia se llevó a cabo ante una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá con función de control de garantías.
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