Reclusa habría sido violada y forzada a abortar por dos funcionarios del Inpec de la cárcel El Pedregal
Una interna asegura haber sido víctima de violación por parte de dos dragoneantes, que luego intentaron interrumpir la gestación con sustancias abortivas.
Noticias RCN
08:50 a. m.
Una denuncia salió a la luz desde la cárcel El Pedregal en Medellín, que involucra a dos funcionarios del Inpec, acusados de violación y abuso sexual.
La presunta víctima, una mujer de 27 años, reveló que fue atacada en varias ocasiones por los dragoneantes Cristian Camilo Torres Alvarado y Diego Castaño Sánchez. Según la denuncia, los abusos ocurrieron entre los meses de agosto y septiembre de 2024.
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Lo que hace aún más desgarradora la denuncia es que, tras los abusos, la reclusa quedó embarazada. Es decir, las autoridades de la cárcel, en lugar de ofrecerle ayuda o protección, intentaron forzar la interrupción del embarazo, lo que incluye la presunta administración de sustancias abortivas a través de la comida.
Cabe mencionar que la acusación fue conocida por la fundación Mujeres Libres de Colombia, la cual envió una carta al Inpec para que se abriera una investigación interna.
Reclusa habría sido violada y forzada a abortar por dos funcionarios del Inpec
La denuncia, que ya está en poder de la Fiscalía, involucra no solo una violación a los derechos humanos, sino también una serie de abusos cometidos por funcionarios de una institución encargada de garantizar la seguridad y el bienestar de los internos.
En la carta enviada a la dirección del Inpec por la fundación, la reclusa acusó a los dragoneantes Cristian Camilo Torres Alvarado y Diego Castaño Sánchez de violarla en varias ocasiones, y detalló que los abusos ocurrieron cuando ella estaba en un estado de vulnerabilidad, aislada del resto de las internas. En la carta se lee:
La denunciante manifiesta haber sido víctima de violación sexual por parte de los dragoneantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) Cristian Camilo Torres Alvarado y Diego Castaño Sánchez como responsables directos de los actos violentos ocurridos en agosto y septiembre de 2024.
La situación se tornó aún más alarmante cuando, después de los abusos, la reclusa descubrió que estaba embarazada. Tal como lo indica la carta, un miembro de la guardia le entregó una prueba de embarazo, que resultó positiva.
En ese momento, al ser cuestionada por el director de la cárcel sobre cómo había quedado embarazada, la mujer respondió que no había tenido visitas íntimas, ya que estaba en aislamiento.
En un pasaje de la carta, la denunciante señala:
Un distinguido de la guardia le entregó una prueba de embarazo, la cual resultó positiva. Posteriormente, fue llamada por el director del establecimiento, quien cuestionó cómo habría ocurrido el embarazo, dado que estaba aislada y no tenía visitas íntimas activas.
Reclusa denuncia haber sido forzada a abortar con sustancias en su alimento
La interna además señala que, una vez se conoció su estado, las autoridades del penal intentaron interrumpir el embarazo en contra de su voluntad.
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La mujer fue trasladada a un centro médico tras sentirse mal, y fue allí donde el personal médico detectó residuos de sustancias abortivas en su organismo.
La denuncia sostiene que estas sustancias habrían sido suministradas a través de los alimentos que se le entregaban en la cárcel.
En otro extracto de la carta enviada al Inpec se lee:
La denunciante afirma que en el establecimiento han intentado interrumpir su embarazo contra su voluntad, ya que se sintió mal y fue llevada al hospital, donde el personal médico encontró residuos de sustancias abortivas que presuntamente habrían sido suministradas a través de alimentos.
¿Qué ha respondido el Inpec ante de la denuncia de la reclusa?
Ante la gravedad de los hechos, el Inpec no tardó en reaccionar y confirmó que había recibido la denuncia.
La institución aseguró que los dos dragoneantes implicados fueron apartados de sus funciones mientras se lleva a cabo una investigación interna. Además, el Inpec informó que el caso fue remitido a la Fiscalía General de la Nación, que ahora se encarga de la investigación penal.
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