La riesgosa apuesta por salir de la CIDH

La propuesta de salir del sistema interamericano de derechos humanos es electorera y confirma que un sector de la política colombiana aún ve con desconfianza.


Mauricio Jaramillo Jassir
agosto 24 de 2023
07:09 a. m.
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La propuesta de Germán Vargas Lleras para que Colombia se retire de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) es contraproducente, está basada en una mala comprensión del sistema interamericano de derechos humanos y lo peor, se justifica en un nacionalismo soberanista muy peligroso en una zona donde el derecho internacional ha sido, por fortuna, derrotero de las actuaciones de los Estados. Atacar sistemas regionales de derechos o cortes internacionales con el argumento débil -que roza en la demagogia- que afectan nuestra autonomía, o más engañoso aún, que se sobreponen a nuestra constitución, nos aislará y debilitará peligrosamente las condiciones para la defensa de los derechos humanos en un país donde, a duras penas, se han ejercido.

Recuerda el exvicepresidente en una columna que “a raíz del fallo del entonces procurador Alejandro Ordóñez contra el alcalde Petro, este último solicitó a la Corte Interamericana la protección de sus derechos y logró un fallo favorable de este organismo internacional, lo que a su vez abrió el debate sobre la competencia o no de la Procuraduría para disciplinar y sancionar a gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y, por supuesto, congresistas.” 

Este argumento no solo es débil porque confunda la Comisión (CIDH) y la Corte (CorteIDH), sino porque pasa por alto que no se trató de una imposición como equivocadamente lo sugiere. Valga recordar que fue la Comisión y (no la Corte) quien concedió las medidas cautelares en favor del entonces alcalde Petro. 6 años después la Corte emitió un fallo.  Vargas Lleras mezcla todo porque confunde las fases del proceso. 

En un primer momento, el gobierno de Juan Manuel Santos decidió no acatar la decisión de la Comisión que no era vinculante, argumentando que el alcalde había tenido la oportunidad de defenderse. Santos consideraba que no le habían violado derecho alguno, por lo que nombró como alcalde encargado al entonces ministro de trabajo Rafael Pardo. Sin embargo, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó al gobierno nacional acatar las medidas cautelares de la CIDH amparándose en el artículo 23 de la Convención Interamericana que reconoce el derecho de los ciudadanos a elegir y a hacerse elegir. Es decir, se trató de un proceso en donde la separación de poderes, columna vertebral de la democracia, funcionó y terminó restituyéndose a Petro en la alcaldía, no por capricho de una corte internacional, sino por la decisión de una juez de la república. 

Asimismo, la argumentación de Vargas Lleras apela al lugar común e infundado de que los fallos de la CIDH han sido “adversos y enormemente costosos” y reincide en un error que ya había cometido en una misma columna para El Tiempo, equipara -porque confunde- la CIDH con la Corte Internacional de Justicia, con el argumento falaz de que “si ya nos retiramos de La Haya […] qué esperamos para desvincularnos de ese tribunal”. 

Grave que un político ponga a circular la idea de que a las Cortes se asiste para ganar y no para que se administre justicia. Pensar que Colombia deba retirase de la jurisdicción de algunos sistemas de derechos porque los fallos puedan salir “costosos”, desconoce que la gravedad no está en las reparaciones o compensaciones a las que haya a lugar, sino en la violación de derechos. 

Dicho de otro modo, el exvice plantea que lo lamentable del doloroso caso de Jineth Bedoya quien sufrió la tortura, el secuestro y la violencia sexual no está en su inenarrable dolor y en la imposibilidad de una reparación efectiva (en casos tan penosos tan solo queda la simbólica), sino en la condena al Estado colombiano, a todas luces justa. Es lamentable que algunos políticos vean en estos fallos una derrota pues su interpretación revictimiza y hace pensar en una idea acomodada de la justicia. 

Con una lógica análoga a la de Vargas Lleras, en 1999 Alberto Fujimori exigió el retiro del sistema interamericano cuando la CIDH condenó al Perú por las masacres de La Cantuta (9 estudiantes y un profesor asesinados) y Barrios Altos (masacre de 15 personas entre ellos un menor de edad) y más recientemente a raíz de las violaciones a los derechos humanos bajo la administración de Dina Boluarte. El común denominador es que regímenes habituados al autoritarismo vean en la CIDH y la CorteIDH una amenaza a su soberanía. 

Venezuela se retiró del sistema interamericano de derechos humanos en 2013, con antecedentes tan relevadores como las medidas cautelares en favor de algunos miembros de la oposición a quienes con procesos administrativos despojaron de derechos políticos, como a Leopoldo López. El repertorio de gobiernos autoritarios que piden a gritos retirarse del sistema interamericano es amplio como aleccionador. 

Importante que en Colombia se reconozca que la primera comisión de la verdad se creó para aclarar lo sucedido en la masacre de Trujillo (1988-1994), por recomendación de la CIDH, así como el reconocimiento inédito del Estado colombiano sobre su responsabilidad y el consecuente pedido de perdón. Vargas Lleras olvida que cuando fueron expulsados miles de colombianos desde Venezuela en 2015 y tuvieron que salir en las peores condiciones, las propias autoridades colombianas solicitaron medidas cautelares a la CIDH para la protección de sus derechos. 

La propuesta de salir del sistema interamericano de derechos humanos es electorera y confirma que un sector de la política colombiana aún ve con desconfianza y califica de engorroso y costoso el mantenimiento de garantías y derechos. Lo más grave, desconoce el funcionamiento de regímenes de defensa y protección de los derechos que han sido clave en la historia de América Latina. Algunos sectores en Colombia se acercan peligrosamente a la retorica nacionalista y anti derechos en la que ya ha incurrido del todo Nicaragua y Venezuela, quienes se ha retirado de la jurisdicción interamericana. Paradójico que quienes más han advertido sobre el supuesto riesgo de la mal llamada “venezonalización” en Colombia, terminen imitando el discurso de Maduro sobre los derechos humanos.

Profesor de la Universidad del Rosario
@mauricio181212

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