¿Hasta dónde se negocia la vida de las mujeres?

Esta semana, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, visitó la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer en el Congreso, en medio del debate de control político para revisar el avance de las acciones para enfrentar los casos de Violencias Basadas en Género en el país.

Allí, la fiscal dijo que pedirá a los investigadores partir de la hipótesis de feminicidio en todos los casos donde se registre la muerte violenta de una mujer, y que desde la entidad se buscará dar atención prioritaria a las víctimas mediante un enfoque diferencial que permita avanzar en el esclarecimiento y en la administración de justicia.

Sin embargo, a la salida del Congreso, la fiscal habló también sobre la violencia intrafamiliar y la opción de llegar a principios de oportunidad temporales con los agresores, argumentando que las mujeres “no necesariamente quieren que sus compañeros o esposos sean privados de la libertad y condenados”.

Camargo dijo, además, que los beneficios temporales para los agresores serán otorgados dependiendo de la gravedad de lo sucedido y con el objetivo de “reconstruir el tejido social”.

Las declaraciones han sido polémicas e incluso resulta contradictorio que la fiscal pida investigar con la vara más dura cualquier muerte violenta de una mujer y que, a su vez, considere medidas aparentemente laxas con los hombres que las agreden y maltratan al interior del hogar.

Y es que basta con dar una revisada a las cifras para entender que Colombia atraviesa una emergencia en temas de violencia contra las mujeres. Hasta abril de este año, el Observatorio Feminicidios Colombia registró 271 feminicidios en el país. La Procuraduría, por su parte, señaló que iban 90. Mientras que la Defensoría del Pueblo atendió a través de su app Contigo 3.710 denuncias por VBG.

Según el boletín mensual del Observatorio, el 40% de las víctimas de los casos registrados en abril eran madres y, de los 62 feminicidios, 33 casos tuvieron como agresor a un hombre conocido, principalmente pareja o expareja sentimental.

Además, de esos mismos 62 casos recopilados en abril, 22 se presentaron al interior de la vivienda de la víctima. Por eso resulta difícil entender que la fiscal considere que un agresor podría dejar de serlo, solo con firmar un compromiso.

¿Hasta dónde hay que esperar para tomar acciones contundentes contra los maltratadores y abusivos? ¿Cuánto tienen que aguantar las mujeres para ser protegidas eficazmente?

A todo este panorama, sumemos que hasta abril de este año 16 niñas fueron víctimas de feminicidio, 11 de ellas a manos de su padre o padrastro. Muchos de estos casos son resultado de la violencia vicaria que se ejerce sobre las madres como un castigo, luego de que ellas deciden denunciar o dejar a su agresor.

Sería bueno que la fiscal nos explicara un poco más sobre la forma en la que funcionan esos principios de oportunidad con los que pretende “reconstruir el tejido social” porque, según lo veo, tenemos dos opciones: o seguimos siendo pacientes con los maltratadores y dándoles el beneficio de la duda creyendo que pueden cambiar, o realmente protegemos a las mujeres que están en riesgo al interior de sus hogares y las alejamos de los agresores.

Creo que los antecedentes nos demuestran que los dos caminos difícilmente van de la mano, porque detrás de un feminicidio, casi siempre hay una historia de maltrato, miedo y esa creencia heredada del patriarcado de que el hombre puede disponer a su antojo de la vida de una mujer.

Y aunque el punitivismo tampoco ha demostrado ser la salida en esta lucha contra las VBG; reducir a un acuerdo con un agresor, la vida e integridad de su víctima, respaldándose en que la violencia fue “leve”, parece más una excusa para descongestionar el sistema judicial a costillas de miles de mujeres que viven con miedo por el riesgo latente de amanecer muertas.

@humoazul_