El Estado fue condenado por atentado del ELN en la Escuela de Cadetes General Santander

El 17 de enero de 2019, a las 9:30 a.m., un carro bomba con 80 kilos de pentolita detonó en la Escuela de Cadetes General Santander, en el sur de Bogotá, dejando un saldo de 23 muertos y más de 80 personas heridas.

Más de cuatro años después, por medio de un fallo, el Juzgado 60 Administrativo del Circuito de Bogotá condenó al Estado para que repare económicamente a la familia del subintendente (p) Steven Ronaldo Prada Riaño, fallecido en el ataque adjudicado al ELN.

El hecho que generó indignación en el país, se registró cuando ingresó un vehículo a las instalaciones de la escuela, recorrió el lugar, llegó hasta el alojamiento femenino y, estando allí, en un acto suicida el conductor, que después fue identificado como José Aldemar Rojas, explosivista del ELN, detonó el cargamento.

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¿En qué van las investigaciones? 

Pasadas dos años del atentado, es decir, hasta enero de 2021, se habían registrado capturas y se avanzaba en varias líneas de investigación. El Juzgado Primero Especializado de Bogotá continuaba el proceso contra Wilson Arévalo Hernández, en calidad de coautor, por trasladar la camioneta con la que se perpetró el atentado, trayéndola desde Arauca hasta la capital del país. 

Asimismo, se inició el juicio contra Ricardo Carvajal, quien era señalado de alquilar la bodega donde se armó el carro bomba.

Este personaje se convirtió en el primer responsable del ataque a la Escuela de Cadetes General Santander, a quien le fueron imputados los cargos de terrorismo agravado, daño en bien ajeno, homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y uso de material privativo de las Fuerzas Militares.

Frente a esto, la Fiscalía General de la Nación pidió una pena de 60 años de prisión para Ricardo Carvajal: “Ricardo Andrés Carvajal, detenido unas horas después del atentado en la Escuela de Cadetes de la Policía en Bogotá, es responsable de este cruel hecho y debe ser condenado a la máxima pena de 60 años de prisión”.

Presuntos responsables en libertad por vencimiento de términos 

El 17 de febrero de 2023, cinco presuntos responsables fueron dejados en libertad por vencimiento de términos. Se trata de Andrés Felipe Oviedo Espinel, Carlos Arturo Marín Ríos, Jessica Catherine Barrientos, Miguel Antonio Castillo Rodríguez y Angie Lorena Solano Cortés, quienes salieron luego de transcurridos 527 días, en los que no se dio inicio a juicio alguno en su contra.

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Familiares de las víctimas han pedido justicia 

El 24 de marzo de 2023 se realizó una protesta pacífica a las afueras de los Juzgados Penales de Bogotá, con pancartas y fotografías, en la que familiares de las víctimas del atentado pidieron justicia. Vale recordar que el plantón se hizo por la inconformidad en la liberación de los cinco presuntos responsables del crimen que sigue enlutando aún a muchas familias colombianas. 

Ese día, luego de la protesta, tuvieron una reunión en la Fiscalía General de la Nación, donde además estuvieron en una charla con la Unidad de Víctimas y con un asesor de Derechos Humanos. 

Estado condenado por atentado a Escuela de Cadetes 

En la tarde del lunes 3 de abril, el juzgado 60 Administrativo del Circuito de Bogotá anunció que condena al Estado por el atentado de la Escuela de Cadetes que dejó un saldo de 22 personas asesinadas y más de 80 heridos. Vale aclarar que la indemnización se realizará a la familia del subintendente Steven Ronaldo Prada Riaño, una de las accionantes. 

En la decisión del fallo se lee: "se declarará patrimonialmente responsable a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, de los perjuicios morales producto del fallecimiento del subteniente (p) Steven Ronaldo Para Riaño. Asimismo, detalla en que a título de reparación se deberá pagar unas sumas de dinero por concepto de daño moral".

Los pagos van desde 15 salarios mínimos legales hasta 100 SMLMV. En esta, se prioriza a los padres con un valor de 100 SMLMV, luego a los hermanos y abuelos maternos y paternos con 50 SMLMV.

“El valor del salario mínimo a aplicar con el fin de liquidar la condena será vigente al momento de ejecutoria de esta sentencia, suma que será actualizada y devengará intereses de conformidad con lo previsto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para la ejecución de sentencias”, se lee en el fallo. 

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