Solicitan a la Fiscalía promover conflicto de competencias por homicidio de Juan Felipe Rincón
El abogado de Andrés Camilo Sotelo Torres, inicialmente señalado por el crimen, pide que el caso sea asumido por la justicia ordinaria y no por la penal militar.
Noticias RCN
11:52 a. m.
La Fiscalía General de la Nación recibió una solicitud formal por parte del abogado Saúl Orlando León Cagua, apoderado de Andrés Camilo Sotelo Torres, para que se promueva un conflicto de competencias entre la jurisdicción penal ordinaria y la penal militar.
El caso gira en torno a la muerte del joven Juan Felipe Rincón Morales, ocurrida el 24 de noviembre de 2024 en el barrio Quiroga, localidad de Rafael Uribe Uribe, en Bogotá.
Según el documento dirigido a la fiscal general, Luz Adriana Camargo Garzón, el abogado busca que la Fiscalía reclame la competencia del caso para la jurisdicción ordinaria, dado que la investigación apunta a que el presunto responsable del disparo fue Sergio Felipe Rico Rueda, miembro activo de la Policía Nacional y escolta de la víctima.
La Fiscalía pidió preclusión a favor del primer imputado
En las primeras etapas del proceso, la Fiscalía formuló cargos contra Andrés Camilo Sotelo Torres por homicidio agravado y porte ilegal de armas. Sin embargo, el juez del caso se abstuvo de imponer medida de aseguramiento al considerar que no existía una inferencia razonable de su autoría. Posteriormente, en diciembre de 2024, se ordenó su libertad, y dicha decisión fue confirmada en segunda instancia en marzo de 2025.
La defensa sostiene que el arma que presuntamente portaba Sotelo —un revólver de CO2— fue catalogada como inservible para disparar. En cambio, la pistola tipo Sig Sauer, encontrada en la escena y apta para el uso, estaba en poder del escolta Sergio Rico Rueda. La necropsia determinó que la víctima murió por el impacto de un proyectil que generó orificio de entrada y salida, compatible con el uso de esta última arma.
El abogado León insiste en que la Fiscalía debe asumir el conocimiento del caso, pues considera que el escolta, presuntamente, se excedió en el uso de las armas, al disparar más de ocho veces contra civiles desarmados, quitándole la vida a uno de ellos y dejando a otros dos gravemente heridos. Además, advierte que Rico Rueda habría mentido al atribuir la responsabilidad del homicidio a su defendido, y que incluso buscó ser reconocido como víctima en un proceso en el que —según la defensa— tiene responsabilidad penal.
Piden que el caso lo asuma la justicia ordinaria
Dado que Rico Rueda tenía estatus de miembro activo de la fuerza pública al momento de los hechos, se plantea la posibilidad de que el caso pase a la jurisdicción penal militar. No obstante, la defensa de Sotelo Torres considera que, por tratarse de un hecho que no guarda relación directa con el servicio, debe ser la justicia ordinaria quien lo investigue.
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En ese sentido, León argumenta que, aunque podría pensarse que este delito está relacionado con actos del servicio, “no ocurre en este proceso”, ya que los hechos no se enmarcan dentro de funciones policiales legítimas. También recordó que la Fiscalía tiene la facultad de plantear un conflicto de jurisdicciones incluso en la etapa de investigación, cuando existen dudas fundadas sobre la competencia, y afirmó que existen razones suficientes para que se cite a audiencia de imputación de cargos a Sergio Felipe Rico.
La petición queda ahora en manos de la Fiscalía General, que deberá decidir si plantea oficialmente el conflicto ante la autoridad competente para que se determine si el caso lo asumirá la jurisdicción ordinaria o la penal militar.
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