IDEMA 2.0 y agroindustria de estructura campesina

El país y la generación actual atraviesa una transformación a muchos niveles, las certezas de la transnacionalización y la globalización están siendo seriamente comprometidas. El hambre se ha vuelto a posicionar como un desafío mundial. Aunque producimos alimentos como quizás nunca antes en la historia, millones de personas padecen hambre, la alimentación ultra procesada nos enferma y la inestabilidad en los precios de los alimentos acentúan la percepción de inseguridad alimentaria.

Por lo general, la inseguridad alimentaria latinoamericana se expresa espacialmente de una manera dual, en la que se conurban espacios donde reina el hambre con regiones de mayor acceso alimentario. En nuestro caso, el hambre es mucho más rural y étnico-campesina que urbana, registrándose espacialidades con preocupantes índices de vulnerabilidad alimentaria como la Guajira, el Chocó, varios departamentos del Caribe, la frontera amazónica y no pocos cinturones urbanos de miseria. 

El gobierno colombiano en su Plan Nacional de Desarrollo ha priorizado la producción de alimentos como un eje estratégico de la política pública. En declaraciones de sus órganos rectores, se plantea la reconstrucción de un esquema de comercialización al que se le ha venido llamando de manera informal como IDEMA 2.0. Si lo vemos con detenimiento, en el fondo, la cuestión de la producción alimentaria es el anverso necesario de la Reforma Agraria; pues si no se tiene claro cómo se pondrá a producir la tierra adquirida, se estará endosando el cheque del fracaso a las generaciones porvenir. 

En ese sentido, conviene revisar una sólida institucionalidad en lo que tiene que ver con el sector agrario. Tomemos como referencia el caso del Brasil, una de las economías agrarias más potentes del mundo y con un sofisticado engranaje institucional dirigido a combatir el hambre y la pobreza rural. Así, en primer lugar, Brasil tiene claro que es necesaria la convivencia entre una economía agraria de exportación y la pequeña agricultura campesina y familiar. Con la primera exporta alimentos y es jugador mundial tanto en el campo alimentario como en el de las commodities; mientras que con la segunda se fortalece al campesinado, asegurando de paso, la producción interna de alimentos. 

Para conseguir los objetivos anteriores, en el Brasil fue necesario, primero, crear un Ministerio especifico de la Agricultura Campesina y Familiar. Segundo, impulsar seriamente la agro-logística y la compra pública de alimentos por medio de un organismo referente en el continente como la CONAB (el equivalente a nuestro proyecto de IDEMA 2.0). Tercero, por medio de las entidades departamentales, se fortaleció el cooperativismo agrario sirviendo como puente de comercialización entre la pequeña agricultura familiar y el Estado Central. Cuarto, la cooperación internacional de envergadura no se itera a sí misma en múltiples programas que se traslapan, sino que confluye en las prioridades estatales. 

Lo anterior cómo es posible avizorar, organiza un auténtico ecosistema de producción y comercialización que integra esfuerzos verticales del Estado con despliegues horizontales de la sociedad civil. Bajo un diseño como este, es necesaria la existencia de agroindustrias de tamaño intermedio, sustentadas en estructuras campesinas y modelos cooperativos muy sofisticados. Por lo tanto, en Brasil florece una figura que ni siquiera hemos advertido en nuestros modelos de desarrollo rural: la agroindustria campesina. Este actor permite escalonamientos de transformación y de capacidades colectivas apalancándose, en primera instancia, sobre los hombros protectores de la compra pública de alimentos.  

Para que la agroindustria campesina sea posible, contrario a lo que la intuición orienta, lo primero que se necesitan no son maquinas. Más bien, habría que comenzar por una extensión agropecuaria estatal eficiente y una formación para el trabajo en común que les permita a los jóvenes campesinos quedarse en el campo, acceder a la tecnología y prepararse para aprovechar las ventajas comparativas de sus territorios: produciendo alimentos y transformándolos con un alto valor agregado; saliéndose, de esta manera, del círculo vicioso de las materias primas sin llegar a romper el tejido comunitario. 

Una configuración como la anterior ha llevado a que el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra - MST, la organización social agraria más fuerte del continente se plantee que, además del acceso a la tierra, la segunda bandera de lucha es la comercialización de lo que produce el campesinado.

¿Qué tan próximos estamos nosotros de este modelo? Definitivamente no estamos cerca, pero tampoco creo que sea imposible. El gobierno actual ha caído en cuenta de la grosera ausencia en nuestra arquitectura agraria de una entidad encargada de la compra pública de alimentos, así como de cosechas en sectores estratégicos de nuestra canasta de alimentos. Mas allá de la necesidad imperiosa de un IDEMA 2.0, poseemos varias piezas del rompecabezas, el asunto es cómo ordenarlo. 

Entonces, si la Agencia Nacional de Tierras - ANT es la punta de lanza del acceso a tierras, le corresponde a la Agencia de Desarrollo Rural - ADR liderar la transformación de un desarrollo rural focalizado en la producción, transformación y comercialización de los productos de nuestra ruralidad. 

Para dar ese salto cuántico, la ADR necesitará: i) Dejar de ser, de manera definitiva, una bolsa de empleo y recursos para los políticos de turno, construyendo una planta laboral seria con personal realmente especializado; ii) Iniciar su acompañamiento antes de la convocatoria de los PIDAR (proyectos productivos), desarrollando la estructuración de planes de negocios alcanzables para las iniciativas locales que fortalezcan el tejido popular; iii) Generar un verdadero extensionismo agrario para fortalecer las pequeñas economías campesinas, articulando en un solo paquete territorial los esfuerzos del programa CampeSena y AGROSAVIA; vi) Apropiarse del liderazgo en la compra pública de alimentos para que realmente se vigorice el sector cooperativo regional, sobrepasando el 30% de compras que por Ley debería efectuarse a la Agricultura Campesina y Familiar; y v) Con la ayuda de la UPRA, podrían determinar los circuitos cortos de comercialización y las agroindustrias de estructura campesina necesarias para que confluyan los esfuerzos publico privados; y, con el tiempo, lleguemos a una meta de Hambre (0) y vida digna étnico-campesina.  

*Coordinador de la línea de investigación en desarrollo rural y ordenamiento territorial de la Universidad Javeriana de Cali.
@Vertov14