Fiscalía radicará escrito de acusación contra Sergio Fajardo ante la Corte Suprema
La Fiscalía acusará a Fajardo por las presuntas irregularidades en un contrato celebrado cuando fue gobernador de Antioquia.
Noticias RCN
08:40 a. m.
La Fiscalía General de la Nación anunció que este viernes 27 de agosto radicará ante la Corte Suprema de Justicia el escrito de acusación en contra del exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo.
Según el ente acusador, la fiscalía delegada ante la Corte encontró elementos materiales probatorios que permitieron establecer que al también excandidato presidencial se le pueden atribuir los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros agravado, a título de coautor.
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"La investigación concluyó que, el doctor Sergio Fajardo Valderrama, en su calidad de gobernador de Antioquia, vulneró los principios de la función y contratación pública, de eficacia, transparencia, responsabilidad, economía y planeación, al tramitar y celebrar el contrato de “sustitución de deuda N° SF140013 de diciembre 5 del 2013”", dijo la Fiscalía.
El objetivo del contrato, suscrito con Corpbanca y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia, era otorgar un "empréstito por 98 millones de dólares" con destino a la sustitución de deudas a cargo del contratante, la Gobernación de Antioquia.
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La Fiscalía aseveró que el entonces gobernador, Sergio Fajardo, tenía la responsabilidad de hacer una evaluación sobre aspectos fundamentales del contrato, pero el exmandatario no lo hizo.
"En la investigación se estableció que en el contrato se pactó el desembolso, pago de intereses y capital en moneda nacional, sin embargo, realmente se vino ejecutando, sin justificación alguna, en dólares americanos, consecuentemente, se trató de un crédito público externo y no interno", afirmó el ente acusador.
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También dijo que teniendo en cuenta lo anterior, la celebración requería el concepto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Peritos expertos de la Fiscalía determinaron que la ejecución del acuerdo ocasionó un daño patrimonial, por la presunta apropiación en favor del contratista.