Las razones por las que al hijo de 'La Gata', condenado por homicidio, le otorgaron detención domiciliaria

Jorge Luis Alfonso López, hijo de Enilce López o alias La Gata, fue condenado a 29 años de cárcel por homicidio agravado y concierto para delinquir. Este hombre fue recientemente noticia porque quedó en libertad en condiciones que se investigan.

La cosa es aparentemente así: el alto comisionado de Paz lo había designado como “facilitador de paz”, un nuevo concepto que se desarrolla en el marco de conversaciones que se adelantan con grupos al margen de la ley. Se suma a los gestores y voceros de paz, el problema es que la diferencia entre los unos y los otros son algo difusas.

Luego de ser nombrado, la defensa de López pidió su libertad y el juez quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla se la otorgó. El malentendido estuvo, al parecer, en manos del togado, pues el Gobierno Nacional aseguró que nunca solicitó que el señalado saliera de su detención. Por ello, la Fiscalía anunció que abriría una investigación penal en contra del juez por prevaricato.

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"La Fiscalía investigará por el delito de prevaricato por acción al juez de ejecución de penas que dejó en libertad al señor López, hijo de Enilce López, conocida con el alias de ‘La Gata’. El hombre beneficiado con la medida había sido condenado a 29 años de prisión por su participación en el crimen del periodista Rafael Enrique Prins Velásquez, el cual fue ejecutado por paramilitares. Por esos hechos fue condenado por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir", se lee en un comunicado de la entidad.

Este caso deja muchos interrogantes sobre la mesa: ¿Qué son y quiénes pueden ser “facilitadores” de paz?, ¿por qué el Gobierno eligió cómo mediador de paz a un señalado por el asesinato de un periodista?, ¿por qué Luis Alfonso López tenía detención domiciliaria?

Esta última pregunta llama la atención especialmente, y es que incluso en 2021 el Ministerio de Justicia pidió investigar al juez que tomó la decisión de otorgar la detención domiciliaria a López, señalado por su participación en el asesinato del periodista Rafael Enrique Prins, víctima de los paramilitares.

Esto ocurrió luego de que la defensa pidiera prisión domiciliaria argumentando enfermedades y patologías graves del defendido, que hacían incompatible su salud con su vida en una cárcel.

Medicina Legal lo diagnosticó con diabetes, arritmias e hipertensión, sin embargo, determinó que no estaba grave ni necesitaba tratamiento intrahospitalario; aun así, el juzgado quinto de ejecución de penas de Barranquilla le dio el beneficio y ordenó revisiones médicas cada seis meses.

El ministro de Justicia de ese momento, Wilson Ruiz, y el director del Inpec, Mariano Botero Coy, no estuvieron de acuerdo con la decisión y solicitaron a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a la Fiscalía que se investigara al juez que otorgó la domiciliaria. Además, la Procuraduría también apeló la decisión y hasta ahora esto se encuentra pendiente de resolver.

“Teniendo en cuenta el monto de la condena, la gravedad de los delitos y el tiempo que lleva privado de la libertad, esta persona no podía ser objeto de una medida de sustitución de la pena. Por eso estamos dirigiendo un oficio a la Comisión de Disciplina Judicial y a la Fiscalía para que establezcan si en este caso se presentaron irregularidades y aplique las sanciones a las que haya lugar", dijo el mismo ministro de Justicia en ese entonces.

Lo que argumentaron ambos funcionarios fue que el privado de la libertad no requería una atención médica para situaciones graves, y en el centro de reclusión especial de Sabanalarga, Atlántico podía recibir el servicio ambulatorio.

NoticiasRCN.com consultó al penalista Francisco Bernate sobre la legitimidad de la decisión del juez sobre López. El abogado señaló que la única forma en que haya prisión domiciliaria es porque se cumplió la mitad de la condena o se padece una enfermedad. En el caso del exalcalde de Magangué la primera condición no se cumple porque fue condenado en 2014 a 28 años. Sin embargo, la segunda sí, por lo que, aunque con interrogantes sobre la gravedad de su estado, el privado de la libertad tiene condiciones médicas por las que se le otorgó el beneficio. 

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