Mi Casa Ya: ¿En qué va la discusión por los subsidios represados?

Adquirir una casa propia es uno de los principales planes de la mayoría de las familias colombianas, sin embargo, de acuerdo con el Dane, más del 40% de las personas viven en arriendo en el país, a pesar de los esfuerzos del gobierno por impulsar la compra de vivienda.

Desde el inicio de su implementación el programa Mi Casa Ya fue una de las plataformas más efectivas del Gobierno Nacional para incentivar la compra de vivienda nueva, especialmente de interés social, con la entrega de subsidios y beneficios de cobertura en la tasa de interés de los créditos hipotecarios. Durante los últimos dos años el programa tuvo la capacidad de otorgar entre 60 y 70 mil subsidios anuales focalizados en los hogares con ingresos entre 0 y 4 salarios mínimos.

Sin embargo, debido a los cambios en las políticas del programa que reorganizó el enfoque de estos subsidios, de acuerdo con los objetivos del actual gobierno, sumando al periodo de transición de una administración a otra, muchas familias se quedaron a la espera del desembolso de sus subsidios y se fueron represando miles de casos.

Al respecto, el Ministerio de Vivienda anunció recientemente la adición de un billón de pesos en el presupuesto de Mi Casa Ya, para reforzar el programa y avanzar en la adjudicación de los subsidios que se encontraban en espera desde el 2022.

Sin embargo, según reveló la Cámara Colombiana de Construcción (Camacol) en las cifras del primer trimestre del año las ventas de Vivienda de Interés Social (VIS) cayeron drásticamente a uno de los peores escenarios de la última década, tan sólo en marzo se contrajo un 61% en comparación al mismo periodo de tiempo del 2022.

Al respecto, Noticiasrcn.com consultó a un experto en el sector inmobiliario, Carlos Benavides, activista de la problemática derivada por el programa Mi Casa Ya, para conocer cómo avanza el proceso de asignación de subsidios y los cambios en el modelo de comercialización de las constructoras.

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NoticiasRCN.com: ¿Cómo avanza el programa Mi Casa Ya?

Carlos Benavides: Esta semana el presidente Gustavo Petro, previo al debate de control político que se le hizo al Ministerio de Vivienda anunció la designación de un billón de pesos para cubrir el tema de Mi Casa Ya y afirmó que eran serie de mentiras las denuncias que se han realizado por parte de los afectados, sin embargo, las cifras nos respaldan e incluso el mismo Ministerio aceptó que evidentemente hay una crisis ante la Comisión Séptima del Congreso de la República.

Esta crisis se debe a que no existían los recursos para cubrir el compromiso en materia de subsidios con esos hogares en Colombia que ya estaban en proceso de compra, habían ahorrado y consolidado un acuerdo con las constructoras debido a que contaban con la aprobación del subsidio, pero finalmente no tuvieron el desembolso de dicho dinero.

NoticiasRCN.com: ¿Por qué se represaron los subsidios?

Carlos Benavides: Mi Casa Ya venía con un formato desde el inicio del programa, pero, por medio de un decreto el Ministerio de Vivienda modificó las condiciones para acceder al subsidio, incluso para las personas que ya se encontraban culminando el proceso y estaban a la espera de la firma de escrituras, hablamos de 52 mil hogares que estaban aguardando por su entrega.

Entre uno de los nuevos requisitos se encuentra la encuesta del Sisbén, un cambio abrupto porque más de la mitad de las familias represadas desde el 2022 no estaban inscritos en la plataforma, de acuerdo con la ministra Catalina Velasco, que en medio del debate afirmó que de esos 52 mil hogares tan solo 10 mil tienen en Sisbén actualizado.

Así entonces, son más de 40.000 hogares corriendo por actualizar su Sisbén y pues no hay encuestadores que den abasto, por ejemplo, encontramos que en Pereira hay 10 encuestadores, en una ciudad como Cartagena donde hay más de 900.000 personas o habitantes hay 12 encuestadores. Y la pregunta de los ciudadanos a la espera es cómo van a agilizar el proceso si este requisito parece más una barrera.

NoticiasRCN.com: ¿Qué le piden al gobierno?

Carlos Benavides: La solicitud que se hace hoy al Ministerio de Vivienda es que se tome el año 2023 para que se despachen los 52 mil hogares que están a la espera y que se respeten las condiciones en las que entraron al programa los solicitantes, debido a que con el cambio de enfoque muchas personas pueden quedarse por fuera y perder su tiempo de ahorro, que puede ser uno o dos años, o tendrían que renunciar al sueño de comprar vivienda propia.

Solicitamos que la transición o el ajuste del programa arranque desde el 2024 con los hogares que hoy están tocando la puerta del banco y están iniciando el proceso de solicitud de un préstamo, que hasta ahora van a postularse a Mi Casa Ya y que lo hagan bajo las condiciones que propone el gobierno, es decir, no estamos en contra de que se modifique el programa y se pretenda priorizar la ruralidad o los hogares de los grupos A y B.

Con lo que no estamos de acuerdo es que los hogares que pactaron en unas condiciones y planificaron por años este ahorro, ahora por decisiones gubernamentales deban salir perjudicados.

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NoticiasRCN.com: El problema de las encuestas del Sisbén

Carlos Benavides: Una de las denuncias que hemos recibido desde el movimiento que formamos con los afectados, es que se está politizando este asunto, es decir, hay una valoración subjetiva por parte del encuestador que puede hacer que dos familias con ingresos y condiciones similares queden en categorías distintas y no se está regulando que haya una parcialidad, esa es una de nuestras preocupaciones.

Además, hay muchas dudas con respecto a la entrega de los subsidios porque en el caso de Mi Casa Ya, de esos 52 mil hogares que no han recibido el subsidio el 80% gana entre dos y cuatro salarios mínimos en el rango de ingresos, lo que ha generado muchas dudas.

Necesitamos una asignación masiva y solicitamos que sea de manera equitativa, al menos con los que ya están a la espera, porque están priorizando con base al puntaje del Sisbén, pero hay familias que están a punto de incumplir el contrato del cierre financiero de sus viviendas por falta de este desembolso, lo que se traduce en que las constructoras pueden desistir unilateralmente del contrato y además aplicar multas sobre los ahorros de los titulares.