Duro golpe contra la libertad de expresión y las ONG en Nicaragua

Con tristeza, funcionarios de ONG nicaragüenses como la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, entidad dedicada a velar por la libertad de prensa y el acceso a la información en ese país, han anunciado el fin de sus operaciones, al confirmar que no están dispuestas a cumplir con una ley dictada desde el mes de octubre pasado, en la que se les obliga a registrarse como “agentes extranjeros”, y a verse sujetos a un control o reporte de gastos de las donaciones que reciben para su funcionamiento.

En el caso de la FVBCH (Fundación Violera Barrios de Chamorro), creada por la expresidenta homónima de Nicaragua hace más de dos décadas, sus representantes lamentaron el cese de las operaciones, advirtiendo que “es un día de luto para la sociedad civil” de su país y que Daniel Ortega está “asesinando a la sociedad civil”.

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Para ellos, la ley impuesta significaría la imposición de multas para aquellas organizaciones que no se sometan a la nueva normativa para seguir funcionando.

Otra de las imposiciones que intenta implantar el régimen Ortega, a meses de las próximas elecciones presidenciales, se refiere al veto al financiamiento externo para aquellas entidades que desarrollan su actividad en torno a causas de carácter político; providencia incluida en el marco legal referido, y que entró en vigencia a partir de este 5 de febrero so pena de cancelar la personería jurídica de quien no se acoja a ella, en una muestra de intento por censurar las voces disidentes al régimen.

Una segunda fundación que decidió frenar su funcionamiento por esta misma causa es el PEN, organización de escritores y periodistas en Nicaragua, el cual esgrimió la misma razón para su cierre, al igual que, según medios internacionales, la organización sueca We Effect, que durante más de tres décadas abogó y trabajó por combatir la pobreza en ese país centroamericano.

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No obstante, desde el Gobierno de Ortega señalan que esta nueva reglamentación apunta a “poner fin a injerencia extranjera en los asuntos internos de Nicaragua”.

Sobre el particular, desde Estados Unidos se pronunció la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que lamentó la ocurrencia de lo que calificó como un “nuevo golpe contra la libertad de expresión”, añadiendo que con el cese de actividades de la FVBCH Nicaragua pierde “una de sus voces más potentes a favor del periodismo libre y la libertad de expresión".

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De igual modo, desde la SIP manifestaron que esperan que este organismo independiente pronto pueda reactivar sus acciones en pro de la población y la prensa nicaragüense.

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