Nuevo caso de sicariato en Bogotá expone crisis de inseguridad y la falta de medidas contundentes

La creciente ola de inseguridad en Bogotá se ha convertido en el panorama diario para los capitalinos. Robos, extorsiones, asesinatos a plena luz del día y atentados contra establecimientos de comercio, son apenas algunos de los casos que se tornan noticia y que ahondan en la compleja y deteriorada percepción sobre la ciudad.

Mientras la alcaldesa Claudia López deja la culpa sobre la falta de policías en las calles y la ineficiencia del sistema para ajusticiar a los criminales, los ciudadanos se sienten cada vez más inseguros, pues no hay cámara de seguridad que valga para evitar ser víctima de quienes hacen de las suyas en Bogotá.

Tan solo en junio de este año, la Secretaría de Seguridad registró 67 casos de extorsión, 86 homicidios, 737 hurtos a comercios y más de 11.000 casos de hurto a personas. Según el último informe de la entidad sobre los delitos de alto impacto en Bogotá, el secuestro presentó un aumento del 80% con respecto al primer semestre del 2022.

Además, la Secretaría estima que cerca de 400 personas son víctimas de robo cada día en la capital. En definitiva, la inseguridad no es solo una cuestión de percepción.

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Los casos más recientes de inseguridad en Bogotá

Aunque el último informe de la entidad revela cifras hasta junio, el segundo semestre del año ya inicia con números preocupantes. Tan solo en este mes se reportaron dos ataques con explosivos a moteles, uno en el barrio Venecia y otro en la localidad de Fontibón.

El de Fontibón ocurrió a inicios de mes, cuando una granada fue lanzada contra el establecimiento que terminó con varios daños estructurales y una persona herida. El caso en Venecia se presentó el pasado jueves, cuando dos sujetos motorizados atentaron contra el local a la altura de las 2:00 p. m. Los dos casos tienen algo en común: al parecer están relacionados con casos de extorsión.

La noche antes del 20 de julio, cuando el país y las autoridades posaban su atención sobre los desfiles por la celebración del Día de la Independencia, dos extranjeros fueron asesinados a la salida de Corferias, en donde se celebraba una nueva edición de Agroexpo.

A inicios de este mes, dos turistas suizos fueron escopolaminados por dos mujeres que intentaron robarlos y que horas más tarde fueron capturadas por las autoridades. Sin embargo, pese a las pruebas que las incriminaban, un juez las dejó en libertad al considerar que no eran un peligro para la sociedad.

A estos lamentables eventos se suma el atraco a mano armada registrado en la localidad de Kennedy, donde cinco delincuentes subieron a un bus del SITP a robar, dejando a dos ciudadanos heridos. El pasado 18 de julio, en un barrio de Rafael Uribe Uribe, un conductor de aplicación fue asesinado en medio de un aparente intento de hurto.

El pasado 15 de julio, a plena luz del día, dos delincuentes hurtaron una maleta con 11.800 dólares a un hombre que salía de una casa de cambio en el norte de Bogotá. Días después, un joven de 23 años murió producto de una bala perdida en medio de un atraco a un lavadero de carros de Fontibón.

Pero el hecho más reciente, ocurrido en la tarde de este 24 de julio en frente de un gimnasio situado en la calle 85 con carrera séptima, volvió a poner en juicio las acciones de la Administración Distrital sobre la crisis de inseguridad que se vive en Bogotá.

Un hombre de 57 años, identificado como Alberto Ortega, fue asesinado por dos hombres que se movilizaban en moto y de los cuales aún no se tienen indicios. A través de Twitter, la alcaldesa Claudia López confirmó que la víctima de este ataque era “un comerciante con anotaciones penales por tráfico de estupefacientes, estafa y extorsión”. 

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¿Y las acciones contra la inseguridad?

Tal vez uno de los puntos más cuestionados sobre la actual Administración tiene que ver, precisamente, con el tema de la inseguridad, un flagelo que siempre ha estado presente en la capital, pero que parece cobrar fuerza con el pasar de los años.

Ante la difícil situación y la desesperación de los ciudadanos, la mandataria ha salido al paso culpando a los gobiernos de turno por no invertir en seguridad. Incluso, hace días cuestionó al Gobierno Nacional por disminuir el pie de fuerza y trasladar a una gran cantidad de policías que estaban destinados para Bogotá, hacia otras ciudades.

En medio de su relación de amores y odios con el presidente y su gestión, López ha dicho que el Gobierno no cumplió la promesa de enviar “3.000 policías” adicionales a la capital. Pero ante esto, la Mebog y el mismo ministro de Defensa han aclarado que sí fueron entregados 1.399 uniformados a finales de 2022.

No obstante, el rifirrafe parece no terminar ahí, y la alcaldesa insiste en que la situación sería otra si no le hubiesen “quitado 1.500 policías a Bogotá”, aparte de reiterar la idea de que son necesarias más cárceles y, claramente, mayor accionar de los jueces y fiscales. 

Y aunque la situación parece no estar resuelta y mucho menos clara, la ciudadanía reprocha que la única excusa ante la inseguridad sea la supuesta falta de uniformados en las calles, y que las acciones sigan siendo escasas para frenar la creciente incertidumbre que se robó la tranquilidad de la capital.

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