Con la elección de contralor, el Gobierno muestra su poder en el Congreso

“Después de un amplio diálogo y varios días de análisis de las hojas de vida y perfiles de los candidatos, las bancadas del Senado de la República y la Cámara de Representantes han decidido al interior de sus colectividades y de manera conjunta, apoyar la candidatura de María Fernanda Rangel Esparza”, decía un comunicado del 4 de agosto firmado por Cambio Radical, el Partido Liberal, Conservador y La U. 

Exactamente 13 días después, todos esos partidos, menos Cambio Radical, transformaron completamente su posición para virar hacia la candidatura de Carlos Hernán Rodríguez Becerra, quien desempeñó su vida y trayectoria académica en el Valle y a quien hasta el Centro Democrático anunció apoyar, a pesar de ser el candidato más cercano al Pacto Histórico y al nuevo Gobierno. 

Entre líneas, el mensaje del Gobierno con esta elección es un mensaje de poder. “El contralor es tradicionalmente del Congreso, no del Gobierno”, dijo una fuente dentro de un partido político a Noticias RCN. Aunque en años anteriores ya había ocurrido que el contralor electo tenía el apoyo del ejecutivo, como sucedió con la elección de Felipe Córdoba, algunos sectores, incluso desde la izquierda, creían que el Gobierno Petro no tendría el mismo interés por tener a un contralor cercano por el discurso de campaña y los cuestionamientos sobre la falta de independencia con los organismos de control años atrás. 

El presidente Gustavo Petro elaboró varios discursos en los que criticó con dureza la supuesta cercanía del presidente Iván Duque con las llamadas “ías”, incluyendo a la Defensoría y la Procuraduría que hacen parte del Ministerio Público.

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Rodríguez es de Palmira. Es abogado especialista en derecho administrativo y magíster en Derecho Constitucional. Fue contralor departamental del Valle, auditor general y uno de los puntajes más elevados del examen de la Universidad Industrial de Santander en el convenio interadministrativo que desarrolló esta institución con el Congreso. 

Sectores en Cali lo cuestionan porque en su momento habría sido cercano a Juan Carlos Abadía y al Negro Martínez, condenado por parapolítica. “Fue miembro del comité promotor de la candidatura de Abadía por firmas en 2007, que recibió subsidios de Agro Ingreso Seguro con Andrés Felipe Arias. Es muy buen abogado pero ha escalado mucho en la clase política del Valle. Fue secretario y hombre de confianza de Angelino Garzón como gobernador”, afirmó una fuente de la política del Valle a este portal. 

El mensaje al Congreso

El cambio de posición a pocas horas de la elección de contralor demuestra que el Gobierno tiene gran poder de negociación en el legislativo en un momento determinante. A pesar de que el Partido de La U no estaba definido y los conservadores estaban recibiendo llamadas del Ministerio del Interior, la posición de los liberales parecía definitiva. Pero esa también cambió con un peso importante en los números de Cámara y Senado. 

De acuerdo con fuentes políticas dentro de ese partido, el expresidente César Gaviria estuvo reunido durante tres horas con Rodríguez el sábado pasado en La Calera. “No tuvimos opción porque todos los partidos se fueron con él”, dijo otra fuente de la misma colectividad.

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La U, que no tiene aún ministra de las TIC porque el presidente no ha ratificado el nombramiento de la ministra Mery Gutiérrez, también decidió en bancada optar por el nombre de Rodríguez, quien se habría reunido presencialmente con Dilian Francisca Toro en las últimas horas. 

Los movimientos de los partidos en torno a un cargo que manejará para el 2023 un presupuesto de 1 billón de pesos y 6.200 funcionarios de planta, dan cuenta de que la capacidad de negociación sobre representatividad y cargos del ministro del Interior y el propio presidente es contundente. Al ministro Alfonso Prada solo le tomó 13 días cambiar la posición de 3 partidos que habían firmado un documento público para apoyar el nombre de Rangel, cercana al actual contralor Felipe Córdoba. 

Con el nombramiento de la única ministra que hace falta por decreto en el gabinete, se conocerá cómo fue la conversación con La U. 

En los partidos de izquierda, Dignidad, de Jorge Enrique Robledo, hizo duras críticas a la negociación del Gobierno con el Congreso a través de la representante Jennifer Pedraza. Y una fuente del Partido Verde agregó que la decisión de ese partido, también para votar con Rodríguez fue “por mayorías, no por unanimidad. No podemos apoyar lo que siempre criticamos”, resaltó.

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Si la relación del Gobierno con el Congreso continúa como se expuso en la elección del contralor, sería predecible que el presidente no tenga problemas con las reformas estructurales de su programa, incluyendo la más urgente que definirá la meta de recaudo de 25 billones de pesos con un aumento en la tasa de tributación de las empresas, un impuesto más alto de renta a los salarios superiores a 10 millones de pesos, y el gravamen a los alimentos procesados y las bebidas azucaradas, entre otros más.