JEP acepta el sometimiento de Salvatore Mancuso, exjefe de las AUC

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP le abrió las puertas "de manera excepcional" al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, para su comparecencia ante el tribunal especial como sujeto incorporado a la fuerza pública, entre 1989 y 2004.

En una audiencia pública, a la que Mancuso se conectó de manera virtual desde el centro de reclusión en Georgia, Estados Unidos, donde permanece preso, la magistrada Heydi Baldosea presentó los argumentos de la Sala para llevar a cabo este encuentro públicamente, en amparo del derecho constitucional de acceso a la información.

La decisión de aceptar el sometimiento del exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), fue tomada luego de analizar y contrastar los aportes presentados por Mancuso en audiencias anteriores, en donde se reflejaba su nivel de involucramiento en el conflicto armado y el rango que ostentaba en la estructura paramilitar para "influir en las operaciones de la Fuerza Pública con la condición de máximo responsable en patrones de macrocriminalidad".

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¿Por qué fue aceptado Salvatore Mancuso en la JEP?

Para la JEP, el rol de bisagra de Salvatore Mancuso para conectar a las Fuerzas Militares con las filas paramilitares, permitió el desarrollo de operaciones conjuntas en las que el paramilitarismo cooptó la misionalidad de las fuerzas del Estado.

Se hizo evidente que el rol de bisagra desempeñado por él permitió que la fuerza pública incrementara sus resultados

De acuerdo con lo manifestado por los magistrados de la justicia especial, Mancuso presentó aportes "presentes, efectivos, novedosos y suficientes" para probar que su papel fue clave en la ola de violencia que se desató en Córdoba contra sindicalistas y profesores "por el contubernio entre el paramilitarismo y la Fuerza Pública" mediado por importantes actores económicos y políticos de la región.

Los magistrados resolvieron en su determinación que Mancuso demostró durante las audiencias que se incorporó funcional y materialmente a la Fuerza Pública en el marco el conflicto armado interno, como bisagra o punto de conexión entre militares y paramilitares.

Esta función le permitió al exparamilitar "ubicarse desde la ilegalidad, pero cobijado por la autoridad en una conveniencia que, precisamente, investiga y juzga la JEP".

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Los aportes a la verdad de Salvatore Mancuso

Entre los aportes hechos por el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, la Jurisdicción Especial para la Paz resaltó el relacionamiento a través de las Convivir y su rol como bisagra entre paramilitares, la clase política de Córdoba y las Fuerzas militares en lo que denominó "una guerra contra la guerrilla".

Además, Mancuso relató cómo se llevaba a cabo entonces el adoctrinamiento a la población civil para hacer elegir a los dirigentes que debían llegar al poder para beneficiarlos. A esto se sumó el pago de los paramilitares a la Fuerza Pública, como producto de los impuestos que se le cobrara a las bananeras del Urabá. Hasta $15 millones mensuales recibían los altos mandos del Ejército.

Mancuso aceptó que en La Guajira, cuando fue detenido junto a 'Jorge 40' y otros paramilitares, llamó a Carlos Castaño para que intercediera por él y dieran la orden de su liberación a la Policía.

Entre otras cosas, el ahora compareciente ante la JEP reconoció la recepción de información del DAS antes de la masacre de El Salado en febrero del 2000; así como apoyo de la Quinta División del Ejército para las masacres del Catatumbo en 1999.

El exparamilitar agregó que las operaciones en Urabá se desarrollaron porque el Gobierno tenía intereses políticos y económicos en la zona, que incluían proyectos de infraestructura para conectar esta zona estratégica con el océano atlántico.

Según contó Mancuso, en su momento, existieron acuerdos tácitos entre paramilitares, Fuerza Pública y gremios de la región para financiar la "lucha de las autodefensas contra la subversión". Empresas de transportadores y carboneras estuvieron involucradas también en esta relación.

Finalmente, Mancuso contó que el asesinato de Jaime Garzón habría sido solicitado por altos mandos militares a los hermanos Castaño, y agregó que Gustavo Gallón no fue asesinado por las autodefensas, pues "Carlos Castaño vio las enormes repercusiones".

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