Revelan pasado de la expareja de las Farc de Deyanira Gómez quien podría quedar libre

Deyanira Gómez, quien recientemente solicitó ser reconocida como víctima en el caso Uribe que analiza si este debe precluir o no, no solo es la exesposa de Juan Guillermo Monsalve, testigo del proceso, sino que también es exnovia de Élver Penagos Tabera, contra quien cursa una condena y proceso judicial.

La FM conoció los documentos de la condena contra Penagos, y lo que se sabe hasta el momento es que fue aceptado por Deyanira, con quien tuvo un hijo, aunque según su versión, se trataba de una relación esporádica y fugaz.

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Dichos documentos revelan que Penagos solicitó una acción de revisión a su condena, interpuesta en 2017, por considerar que los hechos por los que fue condenado sucedieron cuando era menor de edad, lo que el Tribunal Superior de Ibagué aceptó y que le permitió su libertad.

Élver Penagos Tabera fue condenado en 2013 como coautor de las conductas de homicidio agravado, tentativa de homicidio, terrorismo, desplazamiento forzado, y hurto calificado y agravado. Mientras fue integrante de las columnas Héroes de Marquetalia, Joselo Lozada Cepeda o Jacobo París, participó en ataques como el del corregimiento de Puerto Saldaña, de Río Blanco, en el Tolima, el 1 y 2 de abril de 2000.

“A raíz del ataque guerrillero, resultaron muertos y lesionados varios integrantes de la población civil y otros tantos abandonaron sus hogares debido al terror causado por la toma terrorista, desplazándose forzadamente del corregimiento; además de ello, los integrantes del grupo armado ilegal hurtaron algunos de los bienes y pertenencias de la población”. Adicionalmente, el documento establece que fue miembro del Frente XXI de las Farc.

Las condenas de Élver Penagos

Penagos fue escuchado en una indagatoria el pasado 15 de febrero de 2010, cuando ya estaba cumpliendo su pena en la cárcel, y se le formuló acusación por parte de la Fiscalía el 8 de marzo de ese mismo año. Aceptó los cargos y fue condenado el 28 de febrero de 2013 a 33 años y cinco meses de prisión, una inhabilitación para ejercer funciones públicas por 100 meses y una multa de 421 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

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En 2017, cuando se encontraba en la cárcel, buscó asesoría jurídica con la Defensoría del Pueblo con el objetivo de que su condena fuera revisada por un hecho que no había sido tomado en cuenta durante su juicio.

Se trata de que, según su registro de nacimiento, expedido en Caquetá, el exguerrillero nació el 23 de enero de 1983, es decir, para el 1 y 2 de abril del 2000, cuando ocurrieron los hechos por los que fue condenado, tenía 17 años de edad.

Debido a esto, el Tribunal Superior de Ibagué consideró fundada la acción de revisión que presentó el abogado que lo asesoró como representante de la Defensoría y en 2017 tomó la decisión de revocar su condena. Para ese momento Penagos había cumplido cuatro años.

Por lo anterior, el documento detalla que “Declarar fundada la causal tercera de revisión invocada por el apoderado Élver Penagos Tabera y, en consecuencia, decretar la nulidad de lo actuado a partir de la resolución de fecha 7 de enero de 2010, dejando por consiguiente sin efectos la condena proferida en su contra por el juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado Adjunto de esta capital el 28 de febrero de 2013”.

“Declarar fundada la causal tercera de revisión invocada por el apoderado Élver Penagos Tabera y, en consecuencia, decretar la nulidad de lo actuado a partir de la resolución de fecha 7 de enero de 2010, dejando por consiguiente sin efectos la condena proferida en su contra por el juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado Adjunto de esta capital el 28 de febrero de 2013”.

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Posteriormente se confirmó la libertad del procesado y, además, se cancelan los antecedentes, registros y demás anotaciones sobre el exguerrillero a causa de ese proceso.

La FM se comunicó con el abogado de Penagos y a pesar de que no dio declaraciones oficiales, señaló que es probable que Élver Penagos esté hoy en libertad, luego de la acción de revisión, ya que eso fue lo que estableció la decisión del Tribunal Superior de Ibagué.

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