Raizales de San Andrés y Providencia fueron reconocidos como Sujeto de Reparación Colectiva

La Unidad para las Víctimas notificó al pueblo raizal y lo incluyó en el Registro Único de Víctimas por los daños durante el conflicto.


Raizales fueron incluidos en Registro Único de Víctimas
Foto: Unidad para las Víctimas

Noticias RCN

diciembre 16 de 2023
05:10 p. m.
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El pueblo raizal de San Andrés y Providencia fue reconocido como Sujeto de Reparación Colectiva e incluido en el Registro Único de Víctimas (RUV) por los daños colectivos sufridos en el marco del conflicto armado en el país.

La Unidad para las Víctimas notificó la decisión, en un hecho histórico que llega para los raizales tras 12 años de espera por ser incluidos en el RUV, este 15 de diciembre durante un acto que se realizó en la Iglesia Bautista New Life Tabernacle.

La representante del pueblo raizal, Rossana Teresa Livingston, agradeció el compromiso del Gobierno y la entidad por resarcir los daños ocasionados a su comunidad por el conflicto armado.

De acuerdo con la directora de la Unidad, Patricia Tobón, el anuncio es el inicio del reconocimiento de los derechos de esta población y de la reparación por los daños causados a los isleños durante el conflicto.

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¿En qué consiste la resolución que protege a los raizales?

La resolución emitida por el Gobierno para reconocer como víctima del conflicto al pueblo raizal estableció que San Andrés, Providencia y Santa Catalina cuenta con una ubicación geoestratégica “que ha llevado a que durante muchos años los actores armados tengan una serie de intereses particulares”.

Por tanto, se determinó que la comunidad raizal "fue afectada por varios hechos victimizantes como desaparición forzada; homicidio; delitos contra la libertad e integridad sexual; lesiones personales; esclavitud, servidumbre o trabajo forzoso; allanamientos; amenazas a la vida, a la integridad y a la seguridad personal; daño por racismo y discriminación racial; reclutamiento de niños, niñas y adolescentes".

A esto se suma la violación de derechos colectivos a la autonomía, la consulta previa, la integridad cultural y el territorio del archipiélago, vulnerados por las dinámicas de violencia relacionadas con el narcotráfico, las cuales impactaron de forma considerable su condición de navegantes y pescadores.

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