¿Cómo afecta el conflicto armado al sistema de salud en Colombia?

Este jueves 24 de septiembre, la Comisión de la Verdad, entidad Estatal temporal encargada de la recopilación y consolidación de la verdad del Conflicto Armado colombiano a través del contraste y de las versiones de sus actores, realizó un evento denominado “Encuentro por la Verdad”, en el marco del cual tendrá lugar un acto de reconocimiento del impacto del conflicto sobre el sector salud.

Según la misma Comisión, los “Encuentros por la Verdad” son escenarios en los que, luego de la escucha a las víctimas, se promueve que la comunidad reflexione sobre lo sucedido, y se abran caminos para su reparación, cierre y garantía de no repetición.

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En esta ocasión, el evento que se desarrolló en el Centro de Memoria Histórica, contó con la transmisión vía streaming debido a las complicaciones por la pandemia, y tuvo como eje central la escucha y análisis de cuatro historias, a través de las cuales se busca dar espacio a las distintas problemáticas y escenarios en los que el conflicto armado colombiano terminó derivando en factores negativos para la prestación del servicio salud en el país.

El evento contó con la participación, entre otros, del embajador de Reino Unido en Colombia, Colin MartinReynolds, de representantes de Unicef, el Ministerio de Salud, y de colectivos y organizaciones sindicales.

De acuerdo con datos previos dados a conocer por la Comisión de la Verdad previo al encuentro, se han logrado identificar 2.419 infracciones a la Misión Médica en Colombia desde 1958, lo cual no solo se traduce en los ataques directos contra hospitales, médicos, enfermeras, y sabedores ancestrales, sino también en la ocurrencia de episodios puntuales en los que la afectación del contexto social deriva en la posibilidad de la prestación del servicio de salud requerido o el acompañamiento.

Como es evidente en el contexto del conflicto armado colombiano, el sector rural es el que resultó más golpeado. Según las cifras reveladas por la Comisión, 1.449 infracciones a la Misión Médica documentadas hasta ahora responden a este escenario.

De igual modo, las cifras entregadas por la Comisión de la Verdad frente a esta realidad de afectaciones del sector salud, señalan que los departamentos con mayores casos son Antioquia, Nariño, Caquetá, Cauca, Arauca, y Norte de Santander.

Por su parte, la guerrilla y los grupos paramilitares serían, según el informe de la Comisión, los principales responsables de los hechos que han impactado en la prestación de los servicios de salud.

Precisamente, sobre el particular, la Comisión señala que “además de las tomas guerrilleras que dejaron a civiles y personal de la salud en medio del fuego cruzado, en 1996 inicia un periodo de fortalecimiento de grupos paramilitares que se extenderá hasta la desmovilización de estas estructuras en 2005,”, en el que se aumentó el ataque contra los miembros de las misiones médicas.

De acuerdo con los datos recopilados por la Comisión, “durante este lapso se ha dado cerca del 60% de los ataques a los trabajadores de la salud”, y aunque se establece que los homicidios (565 casos), amenazas (480 casos), secuestro (444 casos), son algunas de las actuaciones tangibles más notables en contra del personal médico y sabedores ancestrales, también se destaca la estigmatización, como un factor que vulnera la prestación de la atención de salud.

En escenarios rurales, el informe de la Comisión, derivado de un estudio que comenzó dos años atrás, muestra la ocurrencia de al menos 92 hechos victimizantes contra sabedores ancestrales, y 89 casos de violencia contra promotores de salud rurales, refiriéndose a funcionarios encargados de brigadas de salud básicas que visitan zonas apartadas.

En ese mismo contexto, revelan 1.449 ataques contra Misión Médica y 351 escenarios de violencia sociopolítica.

Dentro del análisis hecho por la Comisión de la Verdad también se señala que además de las afectaciones derivadas al personal médico por cuenta del conflicto, las víctimas de esta situación también han estado marcadas por un bajo nivel de acompañamiento en el proceso de afrontar mencionada realidad, revelando que solamente un 39% de estas ha recibido atención psicosocial.

Además de los ataques directos, también se han identificado otros escenarios en los que el conflicto generó serias afectaciones al sector salud, entendido no solo como los prestadores del servicio, sino el servicio per sé, señalando que estas situaciones complicaron aún más el deficiente sistema de salud del país.

La comisión señala como realidades el desplazamiento forzado, dinámica directamente derivada del conflicto repercute en las posibilidades de un grueso de los colombianos para acceder al servicio de salud.

Lo anterior generando por ejemplo que esta población no cuente con el debido acompañamiento a las madres gestantes; elevando la tasa de mortalidad prenatal, así como la prestación de acompañamiento y tratamiento a las patologías presentadas al interior de las poblaciones de adultos mayores.

De igual modo, a la situación se suma que, en sectores apartados, donde la pugna por el poder de facto es más tangible, centros de salud también fueron empleados como escuelas de formación militar, e incluso como centros de tortura por parte de los grupos armados.

El informe también destaca, como, en el escenario del conflicto colombiano, el sector salud se vio afectado en las esferas locales por la reestimación de recursos que aunque originalmente estaban asignados a salud, terminaron sirviendo a otros intereses, entre los que se cuenta la conformación de grupos paramilitares, compra de votos y lavado de activos.

Finalmente, según el informe, hechos de terror como el ataque a infraestructura minera, y el ataque a oleoductos también generó afectaciones sobre el sector salud en el marco del conflicto, en tanto la contaminación derivada de estas, como por ejemplo la contaminación de fuentes hídricas, tiene impacto directo en la salud de los habitantes de las correspondientes regiones.

La Comisión de la Verdad ha logrado documentar 82 casos en referencia a ello.

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Las historias del encuentro

En este encuentro por la verdad, el ejercicio de reflexión y construcción de verdad giró en torno a cuatro temas.

El primero de ellos es el de la enfermera María Cristina Cobo Mahecha, asesinada en Calamar, Guaviare.

En este caso se hace evidente la afectación que sobre la prestación del servicio de salud ejercen dinámicas de la guerra como la estigmatización, pues esta mujer fue tildada de aliada de uno de los bandos en disputa por haber prestado atención o asistencia médica.

El segundo caso es el de Abelardo, un sabedor ancestral que terminó desplazado al intentar defender a su comunidad, poniendo en riego no solo la posibilidad de prestar sus servicios a su comunidad, sino también de transmitir sus saberes, base de la medicina empleada en comunidades indígenas.

El tercer caso es el de José, un auxiliar de enfermería que en el ejercicio de sus funciones de asistencia médica fue objeto de un juicio político por parte de uno de los bandos en disputa territorial, señalado de favorecer, al contrario, pues en medio de una toma armada y posterior conflicto entre paramilitares y guerrilleros, fue obligado a prestar atención médica a los heridos de una de las partes protagonistas de las hostilidades.  

El último caso es el de Miriam, una médica que se desempeñó en centros médicos cercanos a la comuna 13 en Medellín, en tiempos en los que se desarrolló la llamada operación Orión.

La mujer señala que la imposibilidad de prestar el servicio con dignidad debido a la precariedad del sistema de salud, y al régimen totalitarista impuesto por los paramilitares en ese sector de la ciudad, le derivaron en afectaciones de tipo mental.

“La soledad y la impotencia me obligaron a retirarme sumida en la más profunda tristeza de mi vida laboral. No quise volver a trabajar”, manifiesta.