Consulta popular de Petro: ¿por qué no han revelado una fecha para su ejecución?
El contralor advirtió sobre el alto costo del proceso, mientras que el registrador dejó claro por qué no han revelado fecha.
Noticias RCN
09:16 p. m.
La consulta popular que el presidente Gustavo Petro ha propuesto para impulsar sus reformas enfrenta serios desafíos, tanto económicos como legales.
Mientras el Gobierno defiende la iniciativa como una vía para fortalecer la democracia participativa, el debate se centra en su alto costo y las restricciones que impone la ley para su realización.
Esto podría costar la ejecución de la consulta popular
El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, se pronunció sobre el impacto financiero que tendría este mecanismo de participación ciudadana. Según su análisis, el país tendría que destinar entre 500 y 700 mil millones de pesos para llevarlo a cabo.
Estoy seguro de que está por encima de los 500 mil millones, calculo más o menos entre 700 mil millones, por lo que históricamente lo referencio.
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Este cálculo se basa en experiencias previas, como elecciones y otros procesos similares, por lo que la advertencia del contralor genera interrogantes sobre si el país está en condiciones de asumir un gasto de tal magnitud.
¿Por qué no han revelado una fecha para su ejecución?
Más allá de los costos, hay otro problema que podría frenar la iniciativa del Gobierno: la ley no permite que este tipo de consultas se realicen junto con otras elecciones.
Así lo advirtió el registrador nacional, Hernán Penagos, quien dejó en claro que la normativa vigente impide que el proceso se realice en paralelo con cualquier otra jornada electoral.
No es posible, la ley es clara. No se puede convocar esta consulta junto con otro mecanismo o ejercicio electoral.
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Este detalle es clave, ya que en los próximos años Colombia estará inmersa en un ciclo electoral continuo, lo que complicaría aún más la realización de la consulta.
Con elecciones en diferentes niveles de gobierno en el horizonte, encontrar una fecha viable sin infringir la ley se convierte en un desafío para el Ejecutivo.
¿Qué opciones tiene el Gobierno?
Ante este panorama, el Gobierno de Petro deberá definir cómo sortear estos dos grandes obstáculos. Por un lado, la financiación de la consulta genera dudas sobre si el Congreso y el Ministerio de Hacienda estarán dispuestos a destinar una suma tan alta para este proceso.
Y por otro, las restricciones legales podrían retrasar indefinidamente la iniciativa si no se encuentra una ventana libre de otras elecciones.
Con este escenario, la viabilidad de la consulta está en entredicho. ¿Podrá Petro llevar a cabo su propuesta, o terminará archivada por falta de recursos y obstáculos jurídicos?
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