Polémica por la decisión de reducir los costos en los servicios públicos
Desde diferentes sectores manifestaron la preocupación por la reciente decisión en la que empresas intervenidas dejarán de cobrarle determinados cargos a los usuarios.
Noticias RCN
08:46 p. m.
Hay una nueva polémica en el país luego de que el Gobierno propusiera dejar de cobrar algunas tarifas en el recibo de energía como el servicio de aseo y el impuesto de alumbrado público en las empresas intervenidas.
Un ejemplo es el caso de la empresa Air-e, la cual brinda servicios de energía a varios departamentos del Caribe colombiano y que recientemente fue intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos. Los usuarios en Atlántico, Magdalena y La Guajira verían reflejado un 20% de reducción en sus recibos de energía.
Según gremios, la ley actual impide que se puedan desligar estos cobros del servicio de energía
“Lo que va a ocasionar es que la gente no pague ese servicio y va a tener un problema sin precedentes en la costa atlántica colombiana”, dijo Camilo Sánchez, quien es el presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco).
Entre tanto, Armando Gutiérrez, de la Asociación Nacional de Alumbrado Público, manifestó que esta medida no iría en contravía de la prestación del servicio. “Consideramos que afecta a la ciudadanía, no va a haber servicio, se van a ir apagando las ciudades”.
El proyecto de ley que necesita el Gobierno Nacional para que estas medidas se aprueben
Hoy en día el recibo de la luz viene acompañado por cobros adicionales como el servicio de aseo y el impuesto de alumbrado público. Para modificar esta iniciativa, el Congreso debería aprobar un proyecto de ley al respecto.
Lo que informa la Superservicios, es que esta medida preliminar forma parte de un proyecto de ley que permitirá la devolución de saldos, beneficiando a los estratos 1, 2 y 3. “Se van a depurar los recibos de servicios públicos porque las otras cosas que le están cobrando a las personas deben quitarse”, dijo el superintendente, Dagoberto Mejía.