Corte Constitucional salvó la paz total del presidente Petro y deja en manos del Congreso varios ajustes

Este 29 de noviembre los magistrados de la Sala Plena de la Corte Constitucional discutían la legalidad de la ley de la paz total, una de las principales apuestas del Gobierno en cabeza del presidente Gustavo Petro, luego de que fuera demandada por varios congresistas.

Los magistrados debieron resolver si la Constitución permite a la actual administración aplicar la justicia transicional al crimen organizado, es decir Clan del Golfo, entre otros, cubre también a las disidencias de las Farc.

Este 30 de noviembre la Corte Constitucional salvó el proyecto de paz total del Gobierno en cabeza del presidente Gustavo Petro, sin embargo, dejó varios ajustes en manos del Congreso de la República.

Entre otras cosas, se mantienen los acercamientos con bandas criminales, pues aseguran que el jefe de Estado sí está facultado para buscar salidas a ese tipo de violencia. No obstante, señalan que el marco del sometimiento no puede ser discrecional del presidente, como lo menciona la ley, sino del Congreso.

Paz total, el debate en la Corte Constitucional

Desde hace algunos meses la ley de paz total, para algunos el proyecto más grande en la administración del presidente Petro, ha enfrentado algunas complicaciones, entre ellas el riesgo de ser tumbada.

Es de señalar que esta iniciativa fue demandada en el pasado por varios congresistas. El 22 de agosto se llevó a cabo una audiencia pública en la Corte Constitucional para analizar las demandas contra la ley 2272 de 2022.

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En el primer segmento de la diligencia se presentaron los argumentos de los demandantes, y el primero en presentar sus consideraciones ante los magistrados fue el representante a la Cámara Jaime Uscátegui, quien manifestó haber evidenciado supuestas omisiones en el Congreso al tramitar la iniciativa.

Aseguró que en ningún momento hubo concepto del Consejo Superior de Política Criminal y que para el instante en que el trámite finalizó su paso por el legislativo, el presidente Petro estaba próximo a firmarlo.

La senadora María Fernanda Cabal también participó en esta diligencia, secundando la presunta omisión del Gobierno para contar con el concepto del Consejo Superior de Política Criminal, y añadió que habrían existido irregularidades al tramitarse la ley.

La vicefiscal general de la Nación, Martha Mancera, también acudió a la Corte en el marco de este debate, y expresó cuál es la posición de la Fiscalía:

“Criterios jurídicos penales sobre el estatus político: ¿cómo define la Fiscalía General de la Nación si una estructura criminal armada tiene un carácter político? La respuesta en principio es que eso no le compete a la institución sino al presidente de la República”, puntualizó.

“Un grupo armado tiene ese estatus y puede entablarse una negociación de paz con él en la medida que el señor presidente así lo considere (…) A menos, por supuesto, que del ordenamiento jurídico se derive una regla específica que fije los límites al respecto. Si la hay, por lo menos existe una clara: las organizaciones criminales heredadas de los grupos paramilitares no tienen estatus político”, explicó.

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El día en que la Procuraduría solicitó tumbar la paz total

La Procuraduría General de la Nación emitió un concepto en julio en el que solicitó a la Corte Constitucional tumbar la ley de paz total, argumentando que "deliberadamente" el Gobierno no actuó para que los congresistas tuvieran el concepto del "concejo de política criminal" y votaran la ley ampliamente informados.

“Se concluye que la validez de las leyes puede verse afectada cuando en los debates surtidos durante el trámite parlamentario los congresistas no tuvieron la oportunidad de deliberar ilustradamente frente a su contenido”.

Advirtió que el Gobierno no realizó los esfuerzos necesarios para que los congresistas tuvieran el concepto de política criminal:

En el documento también se lee: “la ausencia de emisión y envío del concepto a las cámaras no fue una situación accidental, sino que se trató de una actuación deliberada en la que el Gobierno Nacional no actuó razonablemente para que los congresistas contaran con dicho insumo en el desarrollo de sus deliberaciones”.

Voces a favor y en contra de la ley 2272 de 2022

En Noticias RCN hablamos en junio con uno de los ponentes del proyecto, el representante Alirio Uribe y uno de los senadores que demandó el proyecto, Carlos Fernando Motoa.

Para Alirio Barrera, “lo que se dio allí fue el trámite normal de un proyecto de ley que tiene mensaje de urgencia”, dijo sobre la ausencia de insumos técnicos como el concepto de política criminal.

“Es cierto, eso sí lo aclaro al país, que nunca llegó el concepto de la Comisión Asesora de Política Criminal, pero también aclaro que ese concepto es una opinión que da un grupo de expertos que asesora al Gobierno, pero no es vinculante para el Congreso”, manifestó.

Sin embargo, para el senador Carlos Fernando Motoa los cuestionables de la ley de paz total son los “vicios de trámite; no se anunció el proyecto en la plenaria del Senado antes de la discusión en la misma corporación”.

“Se incluyó un tributo en el cuarto y último debate sin contar con la solicitud de impacto fiscal. No se acompañó este proyecto del concepto de política criminal; y en el tema de fondo se le pretende dar beneficios a los reincidentes de las Farc que firmaron el acuerdo de paz”, apuntó en entrevista con Johana Amaya en Noticias RCN.

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¿Qué pasaría si se tumba la ley de paz total?

En caso de encontrar posibles vicios en el trámite de la paz total, la Corte Constitucional tiene la potestad de tumbar el proyecto insignia del presidente Gustavo Petro. Expertos consultados por este medio en su momento, explicaron que la decisión podría fundamentarse en hechos que prueben problemas en el procedimiento legislativo, es decir, inconstitucional.

Así las cosas, se contemplan tres escenarios:

Uno de ellos es que al declararse inconstitucional se deba presentar una nueva propuesta; si es contraria a la Constitución parcialmente, se deberían revisar dichos apartes; y finalmente que los magistrados resuelvan que cumple todos los requisitos, un escenario prometedor para el Gobierno actual.

Ante la pregunta de si, ¿de caerse la ley también se hundirían las acciones adelantadas hasta el momento bajo su manto?, la respuesta es sí, pues todo lo ocurrido en el marco de la paz total debe ampararse en el cumplimiento de la Carta Magna.